Los ciudadanos y diversas organizaciones en defensa de los derechos laborales han convocado a una manifestación frente a la Cámara de Diputados con el objetivo de presionar la aprobación de una iniciativa de reforma que busca reducir la duración de la jornada laboral en México. La protesta, bajo el lema “¡Yo por 40 horas, ya!”, está programada para el martes 5 de diciembre a las 11:00 horas frente a la puerta 1 del recinto legislativo de San Lázaro. La convocatoria ha sido difundida a través de redes sociales, instalando a los participantes a ubicarse “por el sonido de las cumbias”.
La iniciativa de reforma propone disminuir de 48 a 40 horas la duración de la jornada laboral semanal en el país. En la actualidad, México presenta jornadas laborales más extensas en comparación con otros países miembros de la OCDE, y los salarios se sitúan entre los más bajos. La propuesta busca alinear las prácticas laborales mexicanas con estándares internacionales y mejorar las condiciones para los trabajadores.
A pesar de la necesidad percibida de esta reforma, el sector empresarial ha expresado su oposición, argumentando que no es el momento adecuado para aumentar los costos de las empresas, especialmente cuando se están atrayendo nuevas inversiones al país. Aunque reconocen que la modificación es inevitable en el contexto del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los empresarios señalan que podría impactar principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), aumentando los costos que deben asumir. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha afirmado que la medida podría restablecer atractivas a las inversiones en un momento crítico para la economía mexicana.
Por otro lado, representantes empresariales, como Esperanza Ortega de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y José Abugaber de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), reconocen que la reforma es inminente debido a los compromisos adquiridos en el T. -MEC. No obstante, expresan preocupación por los posibles impactos negativos, especialmente para las Pymes, y sugieren que podrían desestabilizar el crecimiento del país y el auge del ‘nearshoring’.
