CAMALEÓN
La asociación civil Articulo 19 sitúa a la entidad veracruzana como una de las “más letales” para el libre ejercicio del periodismo, sustenta esa percepción con cifras elocuentes acerca del numero de periodistas asesinados de 2000 a la fecha: de los 177 periodistas muertos por la vía violenta 33 son de Veracruz, seguido por Guerrero con 19 y Chihuahua y Tamaulipas con 15 cada uno. Durante el gobierno de Felipe Calderón el numero de periodistas asesinados sumó 48. Le sigue el de López obrador con 47. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum el numero asciende a 10. A esa lúgubre numeraria se agrega la de 33 periodistas desaparecidos, entre ellos Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, en el municipio de Nanchital, Veracruz, ese caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República. El hecho más reciente es el del periodista asesinado en Poza Rica la semana pasada, todo en la más absoluta de las impunidades.
Ya pocos hablan del Estado de Derecho que solíamos presumir, quizás porque lamentablemente ha perdido vigencia. Pero, ¿porqué el gremio de los comunicadores ha sido uno de los más agredidos? En una democracia, la labor de un comunicador es la de servir de correa de transmisión entre el gobierno y los gobernados, sirven al gobierno para dar a conocer a la población las acciones y políticas públicas implementadas en el desarrollo de la gestión pública; sirven a la población al enterarla del comportamiento y acciones de los servidores públicos, quienes por recibir una paga con recursos fiscales son sujetos de la vigilancia pública. Se distorsiona esa relación entre comunicadores y servidores públicos cuando estos se sienten exhibidos ya por ineptitud en el desempeño de sus funciones, ya porque abusan de las canonjías del poder para beneficio personal y no colectivo. Por supuesto, se han dado casos en los que “la procesión del silencio” refleja una complicidad entre ciertos medios de comunicación con el gobierno, porque en esa condición callan irregularidades a cambio del afamado “chayote”, nada para el asombro porque es de humanos errar. En ese contexto, vale la interrogante ¿por qué llegar al extremo de segar la vida de quien se dedica a informar? La respuesta sería posible encontrarla en los expedientes policiacos alimentados por las averiguaciones del caso. ¡Claro! so efectivamente gozáramos del privilegio de contar con un régimen responsable de hacer justicia, “caiga quien caiga” como dice la retórica evasiva y dando fin a la impunidad.
