Durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada del miércoles, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ratificó la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, implicando un recorte de más de 15.000 millones de pesos. La medida ha provocado una tensión considerable entre el Ejecutivo y la judicatura, y ha desencadenado protestas de trabajadores en todo el país, quienes temen que sus derechos adquiridos estén en riesgo. A pesar de las garantías del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los recortes no afectarán a los trabajadores, la oposición ha argumentado que esta decisión marca el inicio de una reforma más amplia que Morena tiene prevista para el sistema judicial durante los próximos años.
El debate en la Cámara de Diputados resultó en la aprobación del dictamen con 260 votos a favor, liderados por el partido Morena y sus aliados, mientras que la oposición, incluyendo al PAN, PRI, PRD y MC, votaron en contra con 196 votos. La medida implica que los fondos de los fideicomisos serán redirigidos a programas que se alineen con el Plan Nacional de Desarrollo, según una de las 69 enmiendas presentadas durante la discusión.
La desaparición de los fideicomisos ha generado preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial, con protestas y la posibilidad de un paro nacional a finales de mes. Los legisladores de la oposición han acusado al Gobierno de López Obrador de intentar socavar la separación de poderes, afirmando que esta acción no se trata de ahorros, sino de una represalia. A pesar de las manifestaciones, la medida solo requería una mayoría simple para su aprobación, lo que limitó las posibilidades de la oposición de detenerla.
Los representantes sindicales han destacado que la extinción de los fideicomisos impactará directamente en los derechos de más de 55.000 empleados del Poder Judicial, especialmente en áreas como pensiones complementarias y apoyos médicos. A pesar de las preocupaciones planteadas, el presidente López Obrador ha insistido en que los recortes no afectarán a los trabajadores y se han dirigido a los privilegios de las élites. Se espera que la reforma sea objeto de más discusión y votación en el Senado en el futuro próximo.
