El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos para regular los procesos de elección de futuros candidatos presidenciales, donde se permite a los legisladores participar como aspirantes, siempre que se respeten las restricciones para garantizar la equidad en las elecciones.
Estas reglas inéditas, aprobadas por el Consejo General del INE siguiendo una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), incluyen una amplia fiscalización para todos los involucrados en los procesos partidistas. Los partidos deberán reportar y documentar los gastos relacionados con las giras de sus aspirantes, así como los costos de propaganda y encuestas.
El tope de gasto para cada aspirante será de 34.3 millones de pesos, incluyendo las aportaciones de militantes y simpatizantes (con un límite individual de 537,041 pesos). Los inscritos para encabezar los procesos partidistas también podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos a su causa.
El enfoque de las restricciones está en evitar que los legisladores utilicen recursos públicos en sus campañas y se asegura de que no emitan propaganda gubernamental con fines proselitistas. Aunque no se les obliga a pedir licencia de sus cargos para participar en los procesos, se espera que concentren sus esfuerzos en promover los objetivos del Frente Amplio por México, sin hacer pronunciamientos electorales o utilizar recursos públicos para su beneficio.
La orden del TEPJF al INE fue desarrollar lineamientos para regular y fiscalizar la convocatoria para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México y procedimientos similares, como el de Morena y sus aliados para seleccionar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
El proyecto de lineamientos establece reglas para contabilizar diferentes aspectos, desde propaganda utilitaria hasta salarios de los equipos de aspirantes, gastos de traslado, propaganda en diversos medios, encuestas, entre otros conceptos. La fiscalización será retroactiva desde el momento en que los partidos emitan las convocatorias para sus procesos internos.
El INE también tendrá la autoridad para ordenar el retiro de propaganda proselitista que se encuentre en espectaculares, vehículos de transporte público y bardas, y si no se elimina, se considerará como gasto de precampaña.
En cuanto a los servidores públicos, se permitirá su asistencia a eventos políticos solo en días inhábiles, y los legisladores federales podrán hacerlo incluso en días y horas hábiles, siempre y cuando no descuiden sus responsabilidades. La propuesta busca asegurar que el proceso sea equitativo y transparente.