El coordinador de senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, declaró que el decreto emitido por el Presidente de la República, es una política de opacidad, además de violar la Constitución, para construir sus obras faraónicas, mismas que han sido denunciadas.
“Con el pretexto de la seguridad nacional, se busca blindar todos los proyectos de infraestructura. Y cuando digo todos los proyectos de infraestructura, porque así lo reza el acuerdo, se habla incluso hasta de las pequeñas carreteras. Que alguien diga si una carretera que conecta una comunidad con otra puede ser un asunto de seguridad nacional”, expuso el senador.
Esto en el marco del acuerdo emitido por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de declarar asuntos de seguridad nacional los megaproyectos de infraestructura, de esa manera no podría revelarse detalles como contratos y licitaciones por ser considerada información que pondría en riesgo la seguridad nacional.
“En realidad, lo que están ocultando son todas aquellas implicaciones que tienen estos proyectos y todos en general, como los que atentan contra el medio ambiente, los derechos humanos, la eficiencia gubernamental, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, y contra el patrimonio de los mexicanos” remarcó.
Rementería del Puerto, y la bancada legislativa de Acción Nacional, hicieron un llamado a todos los legisladores para presentar una acción de inconstitucionalidad, y a la Presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero para que presente una controversia constitucional, y así detener el decreto que emitió el presidente en el que califica a los megaproyectos y obras de este gobierno como asuntos de seguridad nacional.
“Empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, por la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo, y que no debe de permitirse”, apuntó.
Asimismo, refirió que nadie que realmente quiera a México puede estar conforme con lo que se plantea en el llamado “decretazo”, que no sólo circunscribe al ámbito del gobierno, afecta a toda la población, y además de que generará mucha más opacidad de la que ya existe en nuestro país.