Por desacato a una suspensión emitida para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ordenó a un Juzgado, que se denuncie penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), al secretario de SaludJorge Alcocer Varela; al exsecretario de Hacienda y Crédito PúblicoArturo Herrera y a la oficial mayor de Hacienda Thalía Lagunas.
Lo anterior, derivado del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP),debido a la falta de medicamentos oncológicos, que ha impedido prestar la atención médica debida y urgente requerida a 260 niñas y niños y adolescentes, pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.
Fue el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que concedió la suspensión de plano a la AMOHPpara efecto de que las autoridades realizarán todas las acciones o gestiones para el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a los agremiados.
Posteriormente, el 25 de agosto del 2020, la AMOHP interpuso un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento, a la suspensión de plano, respecto de los efectos concedidos por el Decimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Una vez que se agotó el procedimiento del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, el Juzgado Cuarto declaró fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano.
Tanto laSecretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer Varela, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estaba en manos de Arturo Herrera, negaron ser las responsables del abasto de medicamentos a los hospitales públicos, no obstante, a inicios del 2020 las compras del sector salud estuvieron a cargo de la Oficialía mayor de la SHCP.
El pasado 16 de julio, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa presentó la denuncia penal el 16 de julio de 2021, ante la Fiscalía General de la República (FGR) que deberá integrar la carpeta de investigación y, en caso de no presentar cargos, deberá justificarlo ante el órgano jurisdiccional.
Por otra parte, el delito de Desacato a una suspensión es sancionado por el artículo 262 de la Ley de Amparo con penas que van desde los tres hasta los nueve años de prisión, una multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
