El juez federal Benito Zurita desechó la demanda colectiva con la que se buscaba conseguir la reparación del daño y una indemnización por más de seis millones de pesos para cada una de las 26 familias de las víctimas del derrumbe en la Línea 12 del Metro.
De acuerdo a la sentencia del juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se determinó que es improcedente esta acción colectiva, promovida por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), pues fue tramitada por la vía jurídica incorrecta.
⇒ Al tratarse de una “actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente, resulta aplicable la legislación local y no la federal“, por lo que se tendrá que acudir a instancias capitalinas, señala la sentencia.En Contacto (out of page)
Días antes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solicitó al juez federal desechar la demanda colectiva, que ya está en etapa procesal en el Poder Judicial de la Federación, al destacar que no es competencia de éste resolver la controversia que, en todo caso, debe interponerse vía administrativa y bajo la legislación patrimonial de la Ciudad de México.
Al respecto, el juez Zurita resaltó:
“Resultan fundadas las manifestaciones del Sistema de Transporte Colectivo, relativas a la improcedencia de la vía, puesto que al ser parte de la Administración Pública de la Ciudad de México, la reparación del daño a las víctimas del siniestro suscitado en sus instalaciones el pasado 3 de mayo de este año, deberá ser analizado al tenor de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Probablemente, dicho suceso desafortunado se produjo por la actividad irregular de dicho ente público”.
Según el juez, al derivar la acción colectiva de dicha organización civil en una probable actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente, resulta aplicable la legislación local y no la federal. Por ello, se deberá acudir directamente ante el Sistema o bien en la Contraloría General de la Ciudad de México, o como última instancia al Tribunal de Justicia Administrativa.