En medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar los hechos y determinar si existen elementos para presentar una denuncia penal contra la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a los llamados de legisladores y actores políticos que han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Aclaró que el Ejecutivo federal no puede exigir una acción penal sin que existan pruebas que sustenten una posible responsabilidad.
“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal se presenta a la fiscalía. Si hay una denuncia la fiscalía tiene que investigar”, expresó.
Sheinbaum reconoció la necesidad de esclarecer los señalamientos sobre la concentración de contratos del INE en un reducido grupo de empresas, situación que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos del organismo electoral.
Sin embargo, rechazó que esta controversia ponga en riesgo las elecciones de 2027 y aseguró que se respetará la voluntad ciudadana.
“Queremos un INE fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la de las élites”, afirmó.
La presidenta también cuestionó a sectores de la oposición y a diversos intelectuales que, a su juicio, han utilizado la controversia para desacreditar a su administración. Sostuvo que algunos de esos grupos mantuvieron vínculos con gobiernos anteriores y perdieron influencia política tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.
Respecto a Guadalupe Taddei, Sheinbaum rechazó que su designación al frente del INE haya sido una imposición de Morena. Recordó que llegó a la presidencia del instituto en 2023 mediante un procedimiento de insaculación, después de la integración de una quinteta de aspirantes.
Pese a su defensa de la autonomía del organismo, insistió en que deben investigarse las contrataciones cuestionadas y establecerse si existieron irregularidades o responsabilidades legales.
Por ahora, el caso permanece sujeto a las investigaciones y revisiones correspondientes, mientras crece la exigencia de esclarecer cómo se distribuyeron los contratos del órgano encargado de organizar las elecciones en México.