Expresión ciudadana

La crisis del sistema de salud mexicano dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad que golpea diariamente a millones de pacientes. Después de casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, las promesas de medicamentos gratuitos, hospitales eficientes y atención médica universal siguen enfrentándose a denuncias de desabasto, cirugías suspendidas, instalaciones deterioradas y personal insuficiente. Lo más grave es que los responsables de administrar el sistema continúan ofreciendo explicaciones mientras los enfermos esperan soluciones que no llegan.

La crisis tiene responsables institucionales y decisiones que deben investigarse. En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador modificó el esquema de adquisición y distribución de medicamentos, bajo el argumento de combatir la corrupción y los monopolios. 

Sin embargo, la reorganización no consiguió garantizar oportunamente el suministro. 

La Secretaría de Hacienda asumió funciones de compra, posteriormente se ensayaron otros mecanismos y se multiplicaron los cambios administrativos. El resultado merece una investigación exhaustiva: ¿cuánto costaron las modificaciones, qué ahorros produjeron realmente y quién responde por las entregas incumplidas?

Las cifras exhiben una contradicción difícil de justificar. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda citados por el periodista Mario Maldonado, entre enero y agosto de 2026 el gasto federal en salud aumentó 14.3% en términos reales respecto del mismo periodo anterior. 

A pesar de ello, persisten las protestas de trabajadores y las denuncias por falta de medicamentos. Gastar más no significa necesariamente atender mejor. La pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados de ese incremento presupuestal y por qué no se reflejan suficientemente en las farmacias y quirófanos?

El Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa también un conflicto laboral que revela problemas más profundos. 

Trabajadores han protestado por salarios, sobrecarga laboral, falta de personal e insumos. 

Mientras su director, Zoé Robledo, defiende un incremento salarial global de 6.8%, solamente 2.9% corresponde al salario tabular, según las cifras difundidas sobre la negociación. La inconformidad no puede reducirse a una disputa sindical: quienes atienden diariamente a los pacientes están denunciando condiciones que afectan la operación de los hospitales.

Pero el episodio más doloroso está relacionado con las muertes de recién nacidos. En Guadalajara, familiares han denunciado el fallecimiento de al menos 18 bebés durante los últimos siete meses en una unidad neonatal del IMSS, en un contexto de infecciones hospitalarias. 

También se investigan fallecimientos en Durango. 

Las autoridades deben determinar las causas individuales y las posibles responsabilidades, sin anticipar culpabilidades. Sin embargo, ninguna investigación puede limitarse a señalar al personal médico sin examinar las condiciones sanitarias, los recursos disponibles, los protocolos de prevención y las decisiones administrativas. Cuando la vida de un recién nacido está en juego, la rendición de cuentas no puede quedarse en un comunicado.

Veracruz ofrece otro ejemplo preocupante. 

Médicos, enfermeras y trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” y del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón”, en Xalapa, salieron a manifestarse por la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos elementales. 

Los inconformes denunciaron incluso que pacientes debían adquirir materiales para recibir atención y que algunas intervenciones habían sido suspendidas. 

Las protestas también alcanzaron al coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, cuyo desempeño fue cuestionado por los trabajadores. 

El gobierno estatal sostuvo que los servicios continuaban operando y anunció acciones de suministro, pero las denuncias requieren verificaciones independientes y resultados públicos.

La gobernadora Rocío Nahle y las autoridades federales de salud tienen la obligación de explicar por qué persisten estas carencias y presentar información verificable sobre las compras, la distribución y las cirugías pendientes. 

No basta con anunciar que llegaron medicamentos; es necesario demostrar que llegaron completos, oportunamente y a los hospitales que los necesitan. Tampoco basta con cuestionar las protestas de los trabajadores cuando las denuncias incluyen problemas concretos que pueden comprobarse mediante inventarios, expedientes y registros hospitalarios.

La responsabilidad administrativa alcanza distintos niveles. Zoé Robledo debe responder por la operación del IMSS; Alejandro Svarch, por el IMSS-Bienestar; David Kershenobich, por la conducción federal de la política sanitaria, y las autoridades estatales, por las funciones que les corresponden. 

Es indispensable una auditoría pública que permita conocer los contratos, las entregas efectivas, los medicamentos faltantes, los recursos ejercidos y las medidas correctivas. 

La responsabilidad política exige explicaciones; la administrativa y la penal, cuando procedan, deben establecerse mediante investigaciones y pruebas.

México no necesita otra campaña para convencernos de que el sistema de salud funciona. Necesita hospitales equipados, médicos respaldados, medicamentos disponibles y pacientes atendidos a tiempo. La salud no puede seguir administrándose con promesas, estadísticas presupuestales y discursos triunfalistas. La pregunta que deben responder las autoridades no es cuánto dinero anuncian, sino cuántos enfermos reciben efectivamente la atención que necesitan. Porque cuando un paciente pierde una oportunidad de tratamiento por una falla evitable, el costo ya no se mide en pesos: se mide en vidas.