Astrolabio Político
“El futuro depende de lo que hagamos en el presente”. — Mahatma Gandhi.
El reconocimiento hecho por la gobernadora Rocío Nahle García obliga a mirar con seriedad el futuro del Instituto de Pensiones del Estado. El IPE arrastra un déficit anual cercano a los cuatro mil millones de pesos y sus ingresos propios resultan insuficientes para cubrir sus obligaciones.
La paradoja merece atención: apenas en diciembre de 2025 el propio Instituto reportaba pagos garantizados para más de 37 mil pensionistas, una reserva técnica superior a tres mil millones de pesos y anunciaba que durante 2026 recibiría 4 mil 600 millones provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Hoy Nahle reconoce que prácticamente esos recursos adicionales son indispensables para mantener funcionando el sistema.
El problema, entonces, existe y debe atenderse. Pero hacerlo requiere cirugía de precisión, no ocurrencias.
El IPE representa mucho más que una institución financiera: constituye un factor de certeza y paz social para miles de familias veracruzanas. Tocar irresponsablemente su estructura sería abrir una caja de Pandora cuyas consecuencias políticas y sociales nadie puede dimensionar.
La historia reciente debería servir de advertencia. Durante el gobierno de Javier Duarte, los retrasos en pensiones, los cuestionamientos sobre el manejo de la reserva técnica y las reformas al sistema llevaron a miles de jubilados y trabajadores a las calles. En diciembre de 2015, incluso, pensionistas fueron desalojados por policías mientras reclamaban sus pagos. Aquella crisis alimentó el profundo desgaste social del gobierno priista en sus últimos años.
Pero tampoco puede ignorarse la otra cara del problema.
Durante décadas, los sistemas pensionarios mexicanos permitieron distorsiones derivadas de calcular jubilaciones con remuneraciones finales muy superiores a las mantenidas durante buena parte de la vida laboral. El propio Consejo Directivo del IPE ha discutido ejemplos de este fenómeno y la necesidad de relacionar con mayor equilibrio cotizaciones y beneficios.
Ahí aparece el salario regulador. No debería entenderse simplemente como un mecanismo para reducir pensiones, sino como una herramienta actuarial para impedir que alguien cotice durante años sobre determinada remuneración y, mediante incrementos al final de su carrera, obtenga una pensión desproporcionada respecto de sus aportaciones acumuladas. La legislación vigente ya contempla requisitos diferenciados para las nuevas generaciones, incluidos edad, años de cotización y sueldo regulador.
Por ello, cualquier discusión con organizaciones sindicales debe partir de números, estudios actuariales y transparencia. Los señalamientos sobre posibles abusos o estrategias para elevar artificialmente pensiones deben acreditarse caso por caso y no convertirse en una descalificación general contra trabajadores o sindicatos.
Nahle tiene frente a sí uno de los asuntos más delicados de su administración. Reformar puede ser necesario; garantizar derechos adquiridos también.
Porque salvar al IPE exige corregir privilegios donde existan, ampliar su base financiera, cobrar adeudos, administrar mejor su patrimonio y construir un modelo actuarial sostenible.
Lo único que Veracruz no puede permitirse es confundir reforma con demolición.
El déficit de cuatro mil millones es una alerta financiera. Pero una decisión equivocada podría convertirla en una crisis social.
Y esa caja de Pandora, una vez abierta, difícilmente vuelve a cerrarse.
Al tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx