Expresión Ciudadana

Cada régimen autoritario encuentra una causa moral para justificar el aumento de su poder. Unos hablan de seguridad nacional, otros de combatir la corrupción y algunos más de proteger al pueblo. 

En México, la nueva bandera parece ser la defensa de los derechos de las audiencias. La intención, en apariencia, luce irreprochable: evitar la desinformación, diferenciar la opinión de los hechos, proteger a la ciudadanía de contenidos engañosos y garantizar información de calidad. El problema no está en el objetivo; el problema siempre ha sido quién tendrá el poder de decidir qué es verdad y qué merece ser castigado.

En una democracia sólida, los derechos de las audiencias deben fortalecerse. Nadie puede defender la mentira deliberada, las campañas de difamación o la manipulación informativa. Pero cuando ese proceso queda bajo la influencia de un gobierno que ha demostrado una enorme intolerancia hacia la crítica, la preocupación deja de ser una exageración y se convierte en una obligación democrática.

La discusión surgió tras la publicación de los nuevos Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias, puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con los contenidos difundidos por radio y televisión.

Entre otras obligaciones, los medios deberán distinguir claramente información de opinión, separar publicidad de contenido periodístico, contar con códigos de ética y designar defensores de las audiencias. Sobre el papel, muchas de estas medidas parecen razonables. 

Sin embargo, el verdadero debate comienza cuando las diferencias de interpretación terminan siendo resueltas por una autoridad con capacidad para imponer sanciones económicas importantes.

Porque la información no siempre es matemática. 

El periodismo trabaja diariamente con interpretación, contexto, análisis y contraste de fuentes. ¿Quién determinará cuándo una opinión dejó de ser opinión para convertirse en desinformación? ¿Quién decidirá cuál contexto es suficiente y cuál resulta tendencioso? Son conceptos inevitablemente subjetivos que, en manos de una autoridad políticamente alineada, pueden convertirse en herramientas de presión más que de protección.

El problema no nace de la ley, sino del contexto político mexicano. Durante los últimos años, el poder ha construido un discurso permanente contra periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles e incluso ciudadanos que cuestionan las decisiones gubernamentales. Desde las conferencias matutinas se normalizó exhibir comunicadores por su nombre, desacreditar investigaciones periodísticas y etiquetar como «adversarios» o «conservadores» a quienes simplemente ejercían el derecho de preguntar.

Ese ambiente no desapareció con el cambio de administración. La narrativa de confrontación continúa siendo parte del ejercicio cotidiano del poder. Por eso resulta ingenuo pensar que una autoridad administrativa tendrá absoluta independencia cuando deba resolver denuncias relacionadas precisamente con contenidos críticos hacia el gobierno.

La historia demuestra que los gobiernos rara vez renuncian a las herramientas que aumentan su capacidad de controlar el debate público. Hoy puede existir un gobierno que prometa actuar con responsabilidad; mañana puede llegar otro mucho menos democrático. Las leyes no deben diseñarse pensando en las buenas intenciones de quienes gobiernan hoy, sino en los abusos que podrían cometer quienes gobiernen mañana.

México tampoco parte de un escenario donde la libertad de expresión goce de plena salud. 

Nuestro país continúa siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 

Decenas de comunicadores han sido asesinados durante las últimas décadas y la impunidad sigue siendo la regla. A ello se suma un clima permanente de descalificación pública desde distintos niveles de gobierno que incrementa los riesgos para quienes investigan corrupción, crimen organizado o abuso de poder.

Paradójicamente, el Estado parece mostrar mayor interés en regular el contenido que producen los medios que en garantizar la seguridad de quienes lo generan. 

Es mucho más sencillo supervisar una cabina de radio que desmantelar redes criminales; más fácil revisar códigos de ética que investigar homicidios de periodistas; más cómodo hablar de derechos de las audiencias que asegurar condiciones reales para la libertad de prensa.

Eso no significa que los medios estén libres de responsabilidad. Existen excesos evidentes: noticias falsas, campañas pagadas disfrazadas de información, linchamientos mediáticos y espacios donde la opinión se presenta deliberadamente como si fuera un hecho comprobado. Todo ello merece corregirse. Pero la solución no consiste en entregar al gobierno el papel de árbitro supremo de la verdad.

En una democracia madura, los errores del periodismo deben enfrentarse con más periodismo, con mecanismos independientes de autorregulación, con defensores de las audiencias verdaderamente autónomos, con derecho de réplica efectivo y con ciudadanos capaces de contrastar información. Cuando es el Estado quien decide qué contenido resulta aceptable, el riesgo deja de ser la desinformación y comienza a ser la censura institucional.

Los propios lineamientos buscan reducir algunos de esos temores al establecer que los medios elaboren sus códigos de ética y nombren defensores de las audiencias. Sin embargo, la resolución final de controversias recaería en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que además tendría facultades sancionadoras. Precisamente ahí se concentra la mayor inquietud de especialistas y analistas: en la posibilidad de que decisiones subjetivas terminen afectando el pluralismo informativo.

La libertad de expresión nunca ha consistido en proteger únicamente las opiniones que agradan al poder. Su verdadera función es garantizar que también sobrevivan las voces incómodas, las investigaciones incómodas y las preguntas incómodas. Cuando un gobierno comienza a definir los límites del discurso público, la democracia empieza a depender de la buena voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.

Porque hoy pueden decir que regulan para proteger a las audiencias. Mañana podrían utilizar exactamente las mismas reglas para protegerse de las audiencias.