Astrolabio Político
“El que miente necesita tener buena memoria”. – Quintiliano.
Hay algo profundamente paradójico en la propaganda política. No porque intente convencer —esa es su naturaleza—, sino porque, en ocasiones, pretende borrar de un plumazo la memoria colectiva. La imagen difundida por el PRI, con consignas como “Basta ya de la simulación democrática” o “Por la defensa de nuestra democracia y nuestras libertades”, es uno de esos ejercicios de comunicación que parecen construidos sobre el olvido deliberado de la historia.
Resulta cuando menos sorprendente que sea precisamente el partido que edificó el régimen político más longevo y hegemónico del México moderno el que hoy pretenda presentarse como víctima de un supuesto autoritarismo. El mismo instituto político que durante más de siete décadas controló prácticamente todos los espacios del poder, los órganos electorales, buena parte de los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones campesinas y empresariales, ahora pretende erigirse como el guardián de las libertades.
La historia, sin embargo, tiene la mala costumbre de no desaparecer.
Cuando el PRI habla de libertad de expresión pareciera olvidar que fue durante sus gobiernos cuando periodistas fueron perseguidos, encarcelados, censurados o asesinados; cuando las voces críticas eran silenciadas mediante la presión económica, la publicidad oficial, la intimidación política o, en los casos más extremos, mediante la violencia. No fueron pocos los diarios que desaparecieron por atreverse a incomodar al poder presidencial.
Hoy, paradójicamente, México vive uno de los momentos donde la crítica política alcanza niveles inéditos. Basta observar diariamente redes sociales, programas de radio, televisión, columnas periodísticas y plataformas digitales donde el presidente, los gobernadores y prácticamente cualquier funcionario son objeto de descalificaciones, insultos, burlas, campañas de desprestigio e incluso difamaciones que difícilmente habrían sido toleradas durante los gobiernos priistas.
Puede discutirse la calidad del debate público; incluso puede criticarse la polarización política. Lo que difícilmente puede sostenerse con seriedad es que exista un escenario de censura comparable al que caracterizó buena parte del siglo XX.
El segundo gran argumento de esta campaña resulta todavía más llamativo. El PRI asegura defender la democracia.
¿La democracia?
¿La del fraude electoral de 1988? ¿La de las elecciones de Estado? ¿La de las urnas embarazadas, el “ratón loco”, la operación tamal, la compra de votos y el uso indiscriminado de los recursos públicos para perpetuarse en el poder?
Durante décadas, México no vivió una competencia democrática auténtica; vivió bajo un sistema diseñado para garantizar la continuidad del partido gobernante.
No fue casualidad que Mario Vargas Llosa, al participar en un célebre encuentro con intelectuales latinoamericanos, definiera al régimen mexicano como “la dictadura perfecta”. La expresión provocó enorme controversia precisamente porque sintetizaba una realidad incómoda: México mantenía instituciones aparentemente democráticas mientras el poder permanecía prácticamente inalterable en manos de un solo partido.
Era una democracia de utilería.
Una democracia donde las formas existían, pero el resultado casi siempre estaba decidido de antemano.
También resulta difícil tomar en serio el llamado del PRI a convertirse en una “oposición responsable”. La responsabilidad política implica construir acuerdos pensando en el interés general, no utilizar el Congreso como espacio de negociación permanente para preservar cuotas de poder, posiciones burocráticas o privilegios partidistas.
Con demasiada frecuencia, la actuación legislativa del priismo ha respondido más a cálculos de conveniencia que a convicciones ideológicas. Lo mismo apoyan una reforma que al día siguiente la condenan, dependiendo del beneficio político inmediato. Esa flexibilidad no es pragmatismo democrático; es oportunismo.
Más cuestionable aún resulta la apelación a que “México debe avanzar en libertades y no retroceder”. Si algo caracterizó buena parte de los gobiernos priistas fue precisamente el uso discrecional del aparato del Estado para controlar la vida política, económica y social del país.
Durante aquellos años se consolidaron enormes fortunas al amparo del poder público. Gobernadores convertidos en caciques regionales; funcionarios enriquecidos de manera inexplicable; empresarios favorecidos mediante concesiones, privatizaciones y contratos gubernamentales; redes de corrupción que durante décadas confundieron patrimonio público con patrimonio personal.
No fueron excesos aislados.
Fue un modelo político.
Un sistema donde el acceso al poder representaba también acceso privilegiado al negocio público.
Por supuesto, ello no significa que el México actual carezca de problemas. La inseguridad, la violencia, la corrupción persistente, la polarización política y múltiples desafíos institucionales siguen presentes y merecen una discusión seria. Pero una crítica sustentada pierde credibilidad cuando proviene de quienes fueron protagonistas de buena parte de los vicios que ahora denuncian.
La democracia exige memoria.
Porque sin memoria, cualquier campaña publicitaria puede intentar convertir a los responsables de la simulación en sus supuestos salvadores.
Y la historia, por incómoda que resulte para algunos, sigue recordando quién diseñó el sistema que hoy pretende denunciar.
Al tiempo.
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