Una juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y siete personas más por delincuencia organizada y otros delitos relacionados con una red de huachicol fiscal.
Luego de más de un día de audiencia, la juez Alejandra Ramírez de la Vega autorizó la continuación del proceso penal contra el exmandatario estatal, el empresario Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, socio de ambos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
A Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, por delincuencia organizada y contrabando y a José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La FGR informó que la juez Ramírez De la Vega ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para los imputados de los cuales Ruffo Appel, Valdés Cuervo, Thompson Navarro, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez permanecerán en el penal de máxima seguridad Altiplano; Bárcenas Guillén en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
De la Peña Ramos y de la Peña Rosales continuarán en prisión domiciliaria por motivos de salud.
Todos fueron detenidos la semana pasada por elementos del gabinete de seguridad del gobierno federal y ninguna de sus audiencias tuvieron presencia de público o medios de comunicación debido a que la FGR solicitó que se realizaran a puerta cerrada, a pesar de que la defensa indicó que prefería transparentar el proceso y permitir el acceso a público y reporteros.
La FGR los señaló por probablemente formar parte de un esquema de contrabando de hidrocarburo con el que entraba combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.
“Se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. “Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”, explicó la FGR.