Expresión Ciudadana

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García nacieron como una promesa hermosa en el discurso: llevar educación superior gratuita a los jóvenes históricamente excluidos, abrir oportunidades donde no había campus, acercar carreras a comunidades pobres y romper con el abandono educativo. En papel, nadie podría estar en contra de eso. 

El problema es que gobernar no es pronunciar consignas, ni inaugurar sedes con nombre revolucionario, ni repetir que la educación es un derecho mientras miles de jóvenes reciben una formación improvisada, sin infraestructura suficiente, sin certezas académicas y, en muchos casos, sin condiciones mínimas para competir profesionalmente. 

El gobierno vendió estas universidades como la gran respuesta a la desigualdad educativa, pero la realidad ha empezado a exhibir una cara mucho menos noble: planteles con carencias, dudas sobre su operación, quejas estudiantiles, denuncias por favoritismos, problemas administrativos y un modelo que parece más pensado para presumir cobertura que para garantizar calidad. 

No basta con abrir una sede; se necesita biblioteca, laboratorios, docentes estables, programas sólidos, prácticas profesionales reales, mecanismos de evaluación, transparencia presupuestal y reconocimiento social de los estudios. Sin eso, una universidad deja de ser universidad y se convierte en una escenografía política.

Las cifras oficiales muestran el tamaño del experimento. El Programa Institucional 2025-2030 del propio Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar reconoce que en 2024 había 85 mil 027 estudiantes inscritos y 202 sedes en funcionamiento; la meta para 2030 es llegar a 180 mil estudiantes y 300 sedes. 

Es decir, el gobierno pretende más que duplicar la matrícula y sumar casi cien planteles más en un sistema que ya enfrenta cuestionamientos serios sobre infraestructura, operación y control. 

Ahí está el problema de fondo: la obsesión por crecer antes de consolidar. 

La administración federal presume números como si la cantidad sustituyera a la calidad. Pero abrir más sedes no significa formar mejores profesionistas. Aumentar matrícula no significa garantizar aprendizaje. Ponerle “Bienestar” a una escuela no la convierte automáticamente en una institución seria. 

Al contrario: cuando se expanden planteles sin asegurar condiciones, se termina usando a los jóvenes pobres como carne de cañón propagandística.

El propio programa oficial reconoce que uno de sus objetivos es “mejorar los procesos de instalación y equipamiento” de las sedes, lo cual revela que el gobierno sabe que ahí hay una falla estructural. 

También promete proporcionar servicios, insumos y materiales para el desarrollo de las actividades educativas hasta la conclusión de la formación; pero entre lo que dice el documento y lo que viven los alumnos hay una distancia enorme. 

La Auditoría Superior de la Federación ya había prendido focos rojos. En la auditoría de cumplimiento forense a la Cuenta Pública 2022, revisó recursos del Organismo Coordinador y detectó que no se presentó la totalidad de documentación justificativa y comprobatoria sobre el ejercicio de recursos federales en 19 sedes educativas de la muestra, por un monto de 46 millones 110.7 mil pesos por comprobar. 

También señaló pagos a docentes y administrativos sin cumplir requisitos de convocatoria. Eso no es un detalle menor. 

Estamos hablando de un programa que presume justicia social, pero que ha tenido observaciones sobre comprobación de recursos. 

¿Cómo se puede hablar de transformación educativa cuando ni siquiera se puede garantizar plena transparencia en el uso del dinero público? ¿Cómo se puede exigir confianza a los estudiantes si el propio modelo ha sido observado por falta de documentación? La educación pública no puede manejarse como caja chica de la propaganda.

Además, el presupuesto ha crecido. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el programa U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García pasó de 1,547.65 millones de pesos a 3,000 millones en el presupuesto 2025, un aumento de 93.84%.

Más dinero, sin embargo, no ha significado necesariamente mejores condiciones para los estudiantes. Y esa es la crítica central: el gobierno sí sabe gastar en discurso, pero no siempre sabe convertir ese gasto en calidad educativa.

El plan académico también merece cuestionamiento. Las Universidades del Bienestar ofrecen carreras con orientación social, comunitaria, salud, ingeniería, agroalimentación, energía, patrimonio y administración pública. 

Sobre el papel suena pertinente, pero la pregunta es inevitable: ¿están realmente vinculadas con empleos dignos, laboratorios, prácticas, certificaciones, investigación, movilidad académica y empleadores? ¿O son carreras diseñadas desde una oficina, con discurso comunitario, pero sin suficiente conexión con el mercado laboral y la realidad productiva regional?

Una universidad no puede limitarse a decir que forma jóvenes “para el pueblo”. Debe formar profesionistas capaces de titularse, emplearse, especializarse y competir. Debe tener docentes evaluados, planes actualizados, instalaciones dignas y seguimiento de egresados. 

El riesgo de estas universidades es brutal: que terminen entregando títulos con carga ideológica, pero con bajo reconocimiento académico y profesional. Y eso no afecta a los funcionarios que las presumen; afecta a los jóvenes que confiaron en ellas.

El caso de Veracruz confirma que la crítica no es abstracta. 

En Río Blanco, estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García denunciaron presuntas irregularidades académicas y administrativas, incluyendo favoritismos, cargas económicas extras y trato desigual, de acuerdo con lo publicado por El Sol de Orizaba. 

La nota refiere que los alumnos alertaron sobre malas prácticas que afectan su formación y bienestar. 

Al Calor Político también reportó que estudiantes de la sede Río Blanco expusieron irregularidades y urgieron solución porque afectan su formación profesional.

Eso debe encender todas las alarmas. 

No se trata de ataques de la oposición ni de campañas negras: son jóvenes que están dentro del sistema, jóvenes que deberían ser los beneficiarios de la promesa oficial, denunciando que algo no está funcionando.

Y Veracruz no necesita simulaciones educativas. 

Veracruz necesita universidades públicas fuertes, tecnológicas robustas, normales dignificadas, una Universidad Veracruzana con mayor capacidad, institutos tecnológicos con presupuesto suficiente y carreras pertinentes para sus regiones. 

Lo que no necesita es que se le vendan campus incompletos como si fueran revolución educativa. 

En un estado con profundas desigualdades regionales, abrir una sede sin garantizar calidad no es justicia: es administrar expectativas.

Río Blanco, además, no es cualquier lugar. 

Es una zona con historia obrera, con juventud que necesita oportunidades reales, con familias que ven en la educación la única salida frente al empleo precario. 

Si ahí una universidad pública llega con improvisación, favoritismos o deficiencias, el daño es doble: se traiciona la esperanza de los estudiantes y se degrada la confianza en la educación pública.

El discurso oficial insiste en que estas universidades son gratuitas y sin examen de admisión. Pero la gratuidad no basta si el servicio educativo es débil. No cobrar inscripción no compensa la falta de laboratorios. No aplicar examen no sustituye la calidad docente. No entregar becas no resuelve la incertidumbre académica. 

El verdadero derecho a la educación superior no es sentar alumnos en un salón; es garantizarles una formación seria, completa y útil.

El gobierno de Morena ha confundido inclusión con improvisación. 

Ha querido demostrar que puede abrir universidades más rápido que nadie, pero no ha demostrado que pueda sostenerlas con estándares de calidad. 

Ha preferido el aplauso inmediato antes que la construcción institucional. Ha convertido una necesidad legítima —más espacios de educación superior— en un programa vulnerable a la propaganda, a la opacidad y a la precariedad.

Lo más grave es que los jóvenes más pobres son quienes pagan el costo. Quien estudia en una universidad consolidada puede exigir biblioteca, laboratorios, profesores de carrera, movilidad, posgrados, bolsa de trabajo y prestigio. Quien entra a una Universidad del Bienestar muchas veces debe conformarse con lo que haya, como si por venir de una comunidad marginada tuviera que agradecer cualquier cosa. Esa es una forma perversa de desigualdad: ofrecer educación de segunda a quienes más necesitan educación de primera.

Las Universidades del Bienestar no deberían desaparecer por capricho político; deberían ser auditadas, corregidas, profesionalizadas y sometidas a estándares reales. Deben transparentar presupuesto por sede, plantilla docente, matrícula, egresados, titulados, infraestructura, convenios, prácticas profesionales y resultados laborales. 

Deben rendir cuentas como cualquier institución pública seria.

Y si una sede no cumple, debe intervenirse. No con discursos, sino con soluciones.

Veracruz merece saber cuántos estudiantes están inscritos en cada sede, cuántos profesores tienen, qué perfiles académicos poseen, qué infraestructura existe, cuántos egresados han logrado titularse y cuántos trabajan en áreas relacionadas con su carrera. También merece saber si las denuncias de Río Blanco serán investigadas o si, como tantas veces, serán enterradas bajo la alfombra del bienestar.

La educación superior no puede ser tratada como propaganda sexenal. No puede depender del culto político, ni del nombre de Benito Juárez, ni de la foto del funcionario, ni de la mañanera. 

Una universidad se defiende con resultados, no con consignas. 

Y hasta ahora, el modelo de las Universidades del Bienestar deja demasiadas dudas, demasiadas quejas y demasiadas grietas.

El país necesita más lugares para estudiar, sí. Veracruz necesita más oportunidades, también. 

Pero abrir universidades pobres para jóvenes pobres no es transformación: es simulación con presupuesto público. 

La verdadera justicia educativa sería que un estudiante de Río Blanco, Zongolica, Minatitlán, Huayacocotla o cualquier municipio veracruzano tuviera acceso a una formación tan sólida como la de cualquier universidad de prestigio. Todo lo demás es maquillaje.

Las Universidades del Bienestar prometieron cerrar brechas. Pero si no corrigen sus fallas, si no transparentan sus recursos, si no fortalecen sus planes de estudio y si no atienden las denuncias de sus propios alumnos, terminarán abriendo una brecha nueva: la de los jóvenes a quienes el gobierno les prometió futuro y les entregó improvisación.