Fue electa por la LXVII Legislatura presidenta del organismo autónomo para el periodo comprendido del 29 de enero de 2026 al 28 de enero de 2031.
Con 46 votos, la LXVII Legislatura eligió y, a través de la Mesa Directiva, tomó la protesta de ley a Minerva Regina Pérez López para desempeñar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), para un periodo de cinco años, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley que rige dicha Comisión.
Durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue sometido a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que presentó la terna integrada por las ciudadanas María Andrea García Zavaleta y Minerva Regina Pérez López y el ciudadano David Quitano Díaz, como candidatas y candidato a ocupar la titularidad de dicho organismo autónomo.
Tras la votación del Pleno y con el resultado aprobatorio a favor de la ciudadana Minerva Regina Pérez López, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, designó a los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez y Héctor Yunes Landa y a la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, presidente, secretario y vocal de la referida Comisión, para conducir a la funcionaria electa hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde se procedió a la correspondiente toma de protesta de ley.
De acuerdo con el ordenamiento en la materia, en sus artículos 15 y 16, el nombramiento del presidente o presidenta de la CEDHV se hará mediante un decreto expedido por el Congreso del Estado, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en la entidad.
Tener, cuando menos, 35 años de edad cumplidos al día de la designación, poseer título de licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años, contar con estudios de posgrado o con experiencia profesional en derechos humanos, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.