Dotar a los municipios y sus gobiernos de mayor autonomía en sus determinaciones y decisiones relativas a la administración de sus bienes es el propósito de la Iniciativa presentada al Pleno de la LXVII Legislatura por el diputado Héctor Yunes Landa y la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, para lo cual plantean actualizar los artículos 33 y 41 de la Constitución Política del estado.
De acuerdo con la propuesta dada a conocer por el diputado Héctor Yunes Landa durante la Tercera Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario, dejaría ser atribuciones del Congreso del Estado autorizar a los ayuntamientos la contratación de obras y servicios públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al período constitucional del Ayuntamiento contratante.
Así como aprobar la enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal; la transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del municipio y las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones.
En el mismo sentido, los ayuntamientos ya no requerirían la autorización de la Diputación Permanente para enajenar o conceder el uso y disfrute de los bienes propiedad de los municipios.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del estado en materia de reformas constitucionales parciales, la Diputada y el Diputado proponen la inclusión de un transitorio en el que se otorgue un plazo de 60 días naturales a esta Legislatura para hacer las adecuaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
En el uso de la palabra, el diputado Héctor Yunes Landa afirmó: “El municipio requiere fortalecer sus capacidades institucionales para estar en mejores condiciones de prestar servicios de calidad a quienes los integrantes de esta LXVII Legislatura representamos en este honorable Congreso.
Para ello, necesitamos un municipio verdaderamente autónomo. “La autonomía municipal representa uno de los pilares sobre el que se sostiene la naturaleza de la República y su espíritu federalista. Una verdadera autonomía se expresa en la facultad de autorregularse administrativa, financiera y políticamente; es decir, la propia entidad municipal será la encargada de definir sus procesos administrativos, así como de recaudar y erogar sus ingresos propios”.
El legislador precisó que esta propuesta tiene dos propósitos específicos: subsanar la omisión legislativa de adecuar nuestra Constitución y nuestras leyes a las reformas del Artículo 115 de la Constitución general de la República e impulsar el verdadero espíritu de la reforma que se inspiró en el fortalecimiento del municipio libre y la intención de dar una mayor autonomía al gobierno municipal para el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
La Iniciativa de decreto que deroga los incisos a), d), e) y f) de la fracción XVI del Artículo 33 y reforma la fracción VI del Artículo 41 de la Constitución Política del estado fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.