Se instruyó al Orfis que, integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, otorgue el derecho de audiencia a servidores o exservidores públicos involucrados.
Con 32 votos a favor, el Pleno de la LXVI Legislatura del estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia que avala el contenido de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2023 de los entes fiscalizables de la entidad.
En la sesión extraordinaria, celebrada este 17 de octubre, y tras el procedimiento legislativo correspondiente, se instruyó abrir el tablero electrónico para la votación, que dio como resultado 32 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El documento es producto del análisis realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), con base en las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y demás disposiciones estatales.
De acuerdo con el dictamen, en relación con el Poder Ejecutivo se determinó que en 11 dependencias y 18 organismos públicos descentralizados no se detectó irregularidades en la actuación de las y los servidores públicos que hagan presumir la existencia de presunto daño patrimonial.
Como resultado de las auditorías, se observa irregularidades en la actuación de servidores o exservidores públicos en las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de Medio Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), registrando un monto de 67 millones 603 mil 971.35 pesos.
Asimismo, se detectó irregularidades en 30 Organismos Públicos Descentralizados, con un presunto daño patrimonial por 207 millones 729 mil 487.91 pesos.
Respecto al Poder Judicial, derivado de las auditorías financiera y/o técnicas a la obra pública en tres entes fiscalizables (Tribuna Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia y Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz), no se detectó inconsistencias que hagan presumir daño patrimonial, pero sí inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.
En relación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (Ceapp) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), fueron detectadas inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones y/o recomendaciones.
A la Universidad Veracruzana (UV) le fue detectado un presunto daño patrimonial por 4 millones 652 mil 538.19 pesos.
En la revisión y para el caso de 173 municipios, se detectó irregularidades que hacen presumir probable daño patrimonial por mil 344 millones 291 mil 432.50 pesos, así como inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones.
A seis entidades paramunicipales (Foro Boca, Instituto Metropolitano del Agua y las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Coscomatepec, Lerdo de Tejada y Naolinco) se les determinó la existencia de presunto daño patrimonial por 6 millones 541 mil 470.73 pesos.
En materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, a los municipios de Chiconquiaco, Chontla, Coacoatzintla, Ixhuacán de los Reyes, Medellín de Bravo, Pánuco y Veracruz se les determinó la existencia de presunto daño patrimonial por un total de 68 millones 408 mil 902.47 pesos.
A través del Artículo Tercero Transitorio, se instruyó al Orfis que, una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, se otorgue el derecho de audiencia por conducto de la autoridad substanciadora adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Órgano, a efecto de que las y los servidores o exservidores públicos y, en su caso, los particulares vinculados, puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes de conformidad con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz.
En el debate en lo general participó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Maribel Ramírez Topete.