En su narcisismo, el presidente López Obrador acusa que las críticas y movilizaciones en contra de la reforma al Poder Judicial son un ataque contra él. Que no es un asunto de justicia, sino del enojo de los millonarios y conservadores.
Pero la reforma al Poder Judicial se trata de ¡justicia, no sólo de dinero!, habría que explicar a los morenistas, parafraseando a James Carville y su célebre “the economy, stupid”, que apuntaló el triunfo presidencial de Bill Clinton en Estados Unidos.
Durante décadas, la frase ha sido una referencia obligada para simplificar la interpretación de los problemas complejos, porque permite focalizar el mensaje y favorece la polarización al minimizar el debate.
En este caso, no se trata de economía ni de privilegios, como pretende engañar el presidente. Se trata fundamentalmente de justicia y derechos humanos.
Es por eso que la reforma constitucional empieza a generar una creciente movilización de muchos sectores de la sociedad mexicana, empezando por los propios trabajadores, jueces y ministros; al mismo tiempo, pronunciamientos de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades financieras y hasta calificadoras crediticias.
También la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Jueces en Roma, coinciden en su preocupación por las implicaciones sobre la falta de independencia de los jueces y ministros para preservar el Estado de Derecho, además de las posibles violaciones a derechos humanos.
A esta cruzada se han sumado estudiantes de derecho de nueve universidades, entre ellas, la UNAM, la Ibero, el ITAM, la Panamericana, La Salle México, el CIDE, el ITESO la Jesuita de Guadalajara, el Tec de Monterrey y la Autónoma del Estado de México.
En los últimos días, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá se pronunciaron por las consecuencias económicas y políticas bajo un sistema de elección de jueces y ministros por voto popular, donde se perdería la necesaria independencia judicial.
En el sector financiero, Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México; Bank of América calificó de “muy alto riesgo” la reforma al poder judicial; el Banco Suizo UBS alertó de ‘Focos rojos’ por reforma judicial y conflicto por el T-MEC y otros bancos han señalado el impacto negativo que tendrá tal reforma.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Canacintra también advierten que la reforma judicial y la desaparición de los organismos reguladores, podría generar un impacto económico negativo por la caída de inversiones privadas.
Esto ha favorecido el discurso polarizante del presidente López Obrador, firme en el desvarío de dejar un país en llamas que pondría en riesgo no sólo al sistema de justicia, sino a hasta la ceremonia de toma de posesión de la nueva presidente de la República.
Las críticas se han convertido en su fortaleza. Es oxígeno puro. Ha logrado convencer a sus seguidores de que las protestas son de carácter económico por parte de quienes, desde el país y el extranjero, podrían ver amenazados sus intereses, alejados por completo de la población más pobre. Falso.
La mentira caerá pronto…
La puntita
Tuvo que fallecer un trabajador de Radiotelevisión de Veracruz (RTV) dentro de sus instalaciones para que saliera a la luz la podredumbre, corrupción y abandono en que se encuentra la televisora estatal. Pero en el saqueo a RTV, no hay culpables, sólo cómplices.
