Columnistas

Cuando el gobierno es empresario

Por Alfredo Bielma Villanueva

En la década de los años setenta del siglo pasado el Estado Mexicano incursionó en una esfera ajena a sus funciones intrínsecas cuando sus gobiernos añadieron a su inherente tarea de gobernar una actividad empresarial inédita para ese tiempo, una empresa a punto de quebrar era “rescatada” por el gobierno, un servicio no rentable para un empresario lo asumía el gobierno, así, en esa secuencia el gobierno del país llegó a ser propietario de grandes, medianas y pequeñas empresas cuyo número fue mayor a 800. Por esa tendencia, el gobierno construía carros de ferrocarril en Ciudad Sahagún, fabricaba muebles para oficina, era propietaria de Teléfonos de México, de Ferrocarriles Mexicanos, agencias de viajes, poseía minas de hierro y comerciaba varillas para la construcción; en esa muy polifacética actividad también fabricaba bicicletas y muchos productos más. Pero, “zapatero a tu zapato”, el gobierno no se caracterizó como buen empresario, esa debilidad se reflejaba en los cuantiosos subsidios presupuestales destinados a mantener las empresas incosteables, pues casi todas funcionaban en números rojos ya por deficiente administración, ya por el tradicional ejercicio patrimonialista del poder, la corrupción pues. Tras las crisis económicas de los años ochenta, el gobierno se encontró en la disyuntiva de vender o cerrar sus empresas porque,} o mantenía empresas incosteables o atendía al desarrollo del campo, o dejada de construir hospitales y escuelas. Correspondió al gobierno de Salinas de Gortari tomar la decisión de desincorporar del patrimonio público sus empresas, así Telmex paso a manos privadas, la fábrica de bicicletas también cambio de dueño, las agencias de viaje se vendieron, etc., esa narrativa pudiera pecar de superficial, pero retrata la época de gobiernos populistas- Echeverría a la cabeza- que encontraron la compra de empresas como la vía más fácil para resolver eventualmente un problema de desempleo, aunque a costa de desangrar las finanzas públicas.

Y Zedillo vendió los Ferrocarriles de México porque representaban una pesada carga para el erario y el tren de pasajeros exigía fuertes subsidios, como sucede en otros países. Al parecer, en estos tiempos de gobierno cuatroteista se podría comprobar el adagio “nadie experimenta en cabeza ajena”, porque el presidente López Obrador pretende reactivar el tren de pasajeros y su sucesora ha declarado su sintonía con esa idea. En el Corredor Transístmico las vías que conectan Salina Cruz con Coatzacoalcos fueron trazadas por Weetman Pearson (o Lord Cowdray), a quien Porfirio Díaz entregó en 1889 la concesión para construir el ferrocarril de Tehuantepec que funcionó con grandes ganancias transportando pasajeros y mercancías, la Revolución cambió aquella situación pero las escasas vías de comunicación hacían rentable el ferrocarril; eso cambio con la carretera del Istmo y dejó de ser negocio. Recientemente, López Obrador inauguró un servicio de pasajeros entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, quien haya utilizado ese medio de transporte se habrá percatado de la baja preferencia demostrada hasta ahora, es decir, no ha dado muestras de rentabilidad y su operación genera más gastos que ingresos; así está ocurriendo con el Tren Maya, aunque en este caso debe concederse el beneficio de la duda porque si bien en el arranque opera con pérdidas el transcurso del tiempo dirá su veredicto. En lo del Corredor transístmico, en su momento el presidente convocó a empresarios a invertir en el tren de pasajeros, nada se sabe si hubo alguna propuesta para entrarle a ese toro, porque está comprobado que en otros países ese servicio de pasajeros invariablemente cuenta con subsidios del gobierno, de otra manera las pérdidas son la constante. En resumen: ya tenemos un aeropuerto, el AIFA cuyas ganancias son menores a los gastos, una compañía aérea, Mexicana de Aviación, que costó miles de millones de pesos y está operando con pérdidas, el Tren Maya, que en el mediano plazo no reportará ganancias, y en Pemex Transformación Industrial, refinación (ocho refinerías incluidas Deer Park y Dos Bocas), que va testereando el camino para alcanzar la autonomía energética, pero que al menos en el actual gobierno no será posible conseguir. Así estamos.