CAFÉ DE MAÑANA
Están de moda los escándalos por el presunto enriquecimiento -poco o nada inexplicable – de algunos servidores públicos en la actualidad en Veracruz, lo que debe llevar a revisar la norma en materia integral de la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control en todas las dependencias y entidades públicas.
Es evidente que desde diciembre del 2018 y al inicio del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, colaboradores en su primer círculo de poder y hasta colaboradores en otros pisos fuera del gabinete legal, en una revisión visual por la sociedad no soportan y menos justifican el crecimiento de emolumentos con el universo de bienes que poseen ahora o sea, ni viviendo desnudos y sin comer junto a sus dependientes en todo lo que va del sexenio, logran ahorrar y poseer lo que ahora tienen.
Desde mayo del 2019 finalizado el primer periodo de declaración de modificación patrimonial que les correspondió, se empezaba a notar una desproporción en la forma de vida pública de más de uno.
A la fecha han transcurrido casi seis años y al menos 5 etapas de presentación – mes de mayo – de declaración de modificación patrimonial y es de destacar la relevancia de cumplir con esa obligación, como forma de que todos los servidores públicos garanticen su desempeño con apego a las normas jurídicas y presupuestales que regulan su actuación y evitar sorpresas, como ahora aparecen.
Y el no seguimiento oportuno y veraz por la Contraloría General del Estado junto con todos sus respectivos órganos internos de control (OIC) ubicados en las dependencias y entidades públicas de Veracruz, muestra que no se dio o ha dado el seguimiento a la información que se plasma en declaraciones, y no verifican los datos, para ver y saber si hubo o existe algún crecimiento desproporcionado del patrimonio o en caso de la omisión de dicha obligación de los servidores públicos, proceder normativamente.
“El tema de fondo es que a pesar de la aparente y quizá excesiva información que solicitan, los ojos de la sociedad están ávidos de que se explique, por quiénes las analizan con rigor, si todo y todos están regulares entre sus ingresos y egresos”.
Dicho de otra forma, quienes lo hacen de manera simplificada no ponen bienes patrimoniales ni deudas sólo ingresos del año, pero aún así se debe checar si hay y existe o no una evolución patrimonial acorde dentro de la legalidad.
DE SOBREMESA
Es importante referir que uno de los objetivos principales génesis de las reformas constitucionales anticorrupción, versan sobre la verificación a través de la evolución patrimonial de los servidores públicos en un ejercicio fiscal anterior.
Incluso la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala cuando un servidor público debe acompañar a la declaración de situación patrimonial e interés, su declaración anual fiscal, en la hipótesis más relevantes: el ingreso sea mayor a 400 mil pesos anuales o tenga otros ingresos, entre otros.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Finalmente, el acuse de recibido de la declaración no es garantía de que todo está dentro de la norma.
UN LECHERO LIGHT
Y en todo este escándalo de la situación patrimonial de los servidores públicos en Veracruz en el sexenio por terminar, llama la atención que los diputados en el Congreso Local poco o nada han dicho.
¡ ES CUANTO !
José Luis Enríquez Ambell
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Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.
