O P I N I O N
Sin lugar a dudas con la intención de aprovechar cualquier situación para apoyar sus intereses políticos y personales, ante un proceso electoral que no parece favorecerle como quisiera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado la decisión de meter en el presente juego político-electoral la amenaza de presentar varias reformas constitucionales.
Reformas que van desde un pequeño número que anunció en un principio, hasta diez, para durante estos últimos días hablar de aproximadamente veinte.
Acción que manifestó llevaría a cabo el lunes 5 de febrero del año en curso, durante el acto conmemorativo del CVI Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, por el entonces presidente de México don Venustiano Carranza.
Informando qué a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión no asistiría a Querétaro y llevaría a cabo la celebración en el Palacio Nacional, lo que posiblemente se deba a la incomoda situación que pasó el año pasado durante la celebración de este importante acto de la historia nacional.
Las reformas que anunció desde un principio son: al Poder Judicial de la Federación (PJF); al Instituto Nacional Electoral (INE); al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI); al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la que incorpora a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Que son las que más dolores de cabeza le han propiciado, por diferentes razones: en algunos casos por que sus titulares no se han doblegado a sus caprichos o por que las legislaciones que las fundamentan y por tanto de alguna forma las protegen de ataques sin sentido, no las ha podido doblegar o desaparecer.
A las reformas citadas también a últimas fechas se le ha ocurrido agregar algunas otras que representan un interesante atractivo para determinados sectores de la población mexicana, por ser este año 2024, un año de una importante y gran actividad electoral, como las siguientes: combate a la corrupción; aumento al salario mínimo; austeridad gubernamental y el incremento de las pensiones de los jubilados al 100 por ciento, en otras palabras que la jubilación ya no corresponda a un porcentaje del salario con que se finalizó la actividad laboral, sino que sea igual al 100 por ciento del salario que se ganaba.
Reforma esta última que de poder llevarse a cabo representa un gran atractivo para toda la clase trabajadora del país, lo que electoralmente tiene un gran impacto, pero que tanto los expertos, como las instituciones públicas y privadas que forman parte del medio económico nacional, han calificado como una reforma inviable o sea, no posible de hacerse.
La razón o razones, no son de orden político o de voluntad partidista o de grupos empresariales. Son de tipo técnico-económico, porque de llevarse a cabo esta reforma de aumento al 100 por ciento de las pensiones, esta generaría un alto costo y por tanto, riesgo para las finanzas públicas, que se tendrían que financiar con aumento de impuestos y déficit.
Por lo que analizando lo expuesto por los analistas del sector económico tanto privado como público de este país, se llega a la conclusión de que gran parte de estas reformas más que buscar el beneficio de la población, lo que se busca es el voto de los ciudadanos a quiénes van dirigidas. En otras palabras son reformas electoreras. A lo que hay que agregar, que la mayor parte de estas no será posible llevar a cabo, porque al ser de nivel constitucional, para que se puedan reformar requieren que Morena y aliados tengan mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que en la presente legislatura no tienen. Así que además de ser electoreras, también se están dando a conocer sabiendo que no es posible se lleven a cabo, lo que refrenda una de las características de AMLO y sus seguidores mentir. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el lunes
