La policía de Ecuador ha descubierto un total de 131 paquetes de dinamita en las inmediaciones de una estación policial comunitaria y cerca de un mercado popular en el centro de la capital. Las autoridades investigan la posible vinculación de esta carga con grupos del crimen organizado que han desencadenado una serie de actos violentos en el país desde la semana pasada. El general Wilson Pavón, jefe de policía del Distrito Metropolitano, destacó la magnitud de la carga explosiva y subrayó que, gracias a la labor preventiva, se evitó posiblemente una tragedia. Los explosivos fueron encontrados cerca de una feria de productos básicos en el mercado de San Roque y fueron posteriormente trasladados a un lugar seguro para su destrucción controlada.
En una conferencia de prensa, Pavón informó que unidades antiexplosivos llevaron a cabo una revisión minuciosa de los paquetes de dinamita, comúnmente utilizados en la actividad minera, asegurando que se evitaron posibles daños en un área de hasta un kilómetro a la redonda. Mauricio Chacón, subjefe policial de la zona afectada, resaltó la importancia de la contención de este acto delictivo y llamó a la ciudadanía a informar a la policía sobre objetos sospechosos.
Este incidente ocurre en un momento en el que el gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta una escalada de violencia desencadenada la semana pasada por grupos criminales, principalmente vinculados al narcotráfico. En medio de la crisis, la policía señaló en Twitter que estas organizaciones delictivas, sintiéndose amenazadas por el trabajo policial, buscan formas de intimidar, pero afirmaron que no darán un paso atrás y continuarán trabajando en el territorio.
Actos similares se han registrado en otras partes del país, como en Cuenca, donde explosivos fueron hallados cerca de un cuartel policial cercano a un centro educativo infantil, que fue evacuado. A pesar de decenas de llamadas reportando amenazas con explosivos, las autoridades han descartado el 90% de ellas.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, considera que estas acciones forman parte de una guerra psicológica destinada a amedrentar a la ciudadanía y generar angustia. Ante esta situación, patrullas de militares y policías realizan retenes móviles en las calles, llevando a cabo revisiones exhaustivas de vehículos y personas para neutralizar posibles amenazas.
La ola de violencia se intensificó tras la desaparición del capo del narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, con vínculos al cartel de Sinaloa. Posteriormente, otro jefe regional de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico, también se fugó. En respuesta, el gobierno declaró inicialmente estado de excepción y toque de queda, y posteriormente, el estado de conflicto armado interno, permitiendo la intervención activa de las fuerzas armadas para controlar a 22 bandas criminales. Las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia en las calles en respuesta a esta crisis.