En Nicaragua, ha surgido una profunda preocupación por la detención de al menos 16 religiosos, entre ellos, un obispo, seis monseñores, siete párrocos y dos seminaristas, desde el pasado 20 de diciembre. Esta ola de arrestos ha sido denunciada por periodistas, opositores y líderes de la Iglesia católica en el país, intensificando las tensiones entre el Gobierno liderado por Daniel Ortega y la institución religiosa.
El pasado sábado, cinco sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua fueron detenidos, según denunciaron el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y la abogada e investigadora exiliada Martha Patricia Molina. Entre los religiosos detenidos se encuentran Silvio Fonseca, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez y Miguel Mántica. Estas detenciones se suman a las realizadas la semana anterior, que incluyeron al obispo Isidoro Mora, dos sacerdotes y dos seminaristas.
Silvio Báez, quien reside en Miami desde que el papa Francisco le ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, expresó a través de Twitter que la “dictadura sandinista” está llevando a cabo una “feroz cacería” contra los sacerdotes y criticó la persecución desatada contra la Iglesia. Además, instó a los obispos y conferencias episcopales a nivel mundial a solidarizarse y alzar su voz contra esta persecución.
La investigadora Martha Patricia Molina señaló que la situación actual refleja una estrategia del gobierno de Ortega para desarticular la Iglesia católica en Nicaragua, comparándola con episodios anteriores, como la excarcelación y envío al Vaticano de 12 sacerdotes en octubre pasado.
Estas detenciones han provocado la preocupación de la comunidad internacional y han generado un llamado a la solidaridad con la Iglesia de Nicaragua. Dora María Téllez, una figura sandinista de renombre, afirmó que la “dictadura de los Ortega M.” busca desarticular completamente la Iglesia católica y dejar las parroquias sin sacerdotes. Además, expresó que la paranoia y el miedo guían las acciones del gobierno.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni la Policía Nacional han confirmado ni negado las detenciones, a excepción del caso del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a 26 años de prisión y despojado de su nacionalidad. La incertidumbre en torno a la situación de los religiosos detenidos aumenta, generando una creciente preocupación por la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua.