La Fiscalía de Guatemala ha solicitado la retirada de la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, ya su futura vicepresidenta, Karin Herrera, en relación con la ocupación de la Universidad de San Carlos durante una protesta contra el proceso de elección del nuevo rector. El Ministerio Público argumentó que Arévalo y Herrera estarían implicados en la toma de instalaciones universitarias, señalando delitos como depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Además, la Fiscalía ha mencionado a varios diputados, incluidos Samuel Pérez, Román Castellanos, Carlos Barreda y Aldo Dávida, anunciando que presentará antejuicios en menos de 48 horas. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ratificó la victoria de Arévalo en las elecciones de junio, la Fiscalía ha intentado revocar el resultado y hasta ilegalizar el partido Semilla del presidente electo.
En respuesta, Arévalo y Herrera criticaron a las del Ministerio Público, denunciando una persecución contra aquellos que “rechazan” acciones la corrupción. En una conferencia de prensa, Herrera expresó que la investigación actual desenmascara un montaje previo para la persecución política, y anunció acciones legales continuas. Arévalo señaló la fragilidad institucional en Guatemala, denunciando medidas “absolutamente ilegales” destinadas a intimidar al binomio presidencial y diputados de su partido.
El presidente electo alertó sobre una deriva autoritaria en Guatemala, indicando que el Ministerio Público está dispuesto a perseguir a personas inocentes por sus opiniones políticas. A pesar de la crisis institucional, Arévalo afirmó que la democracia en Guatemala está en peligro, pero no permitirá que estas acciones impidan el inicio de una nueva etapa el 14 de enero.