El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su enérgico rechazo a las medidas antiinmigrantes aprobadas en Texas, específicamente la controvertida iniciativa de la ley SB4. Emitiendo un comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México hizo hincapié en su objeción a estas acciones que no solo buscan detener el flujo de personas migrantes sino que también las criminalizan, con consecuencias previstas como la separación de familias y prácticas discriminatorias basadas en el perfil racial.
A pesar de reconocer el derecho soberano de cualquier país para decidir sus políticas públicas, el gobierno mexicano destacó su legítimo derecho de proteger a sus nacionales en los Estados Unidos y establecer sus propias políticas de internacionalidad. Se manifestó en contra de manera categórica de cualquier medida que habilite a las autoridades estatales o locales detener y regresar a personas a territorio mexicano.
El comunicado expresó la profunda preocupación de México ante el paquete de medidas legislativas que impactará negativamente los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas. La posibilidad de crear un ambiente hostil que podría desembocar en actos o crímenes de odio contra las comunidades migrantes fue subrayada como motivo de inquietud.
México hizo hincapié en su rechazo firme a cualquier medida que considere el retorno involuntario de personas migrantes sin respetar el debido proceso. Ante la presentación de estas legislaciones que amenazan los derechos de la población mexicana, la Cancillería instruyó a las representaciones consulares en Texas a tomar medidas adicionales para reforzar las acciones de asistencia y protección consular de la población.
El gobierno de México afirmó su compromiso continuo con el gobierno de los Estados Unidos para abordar fenómenos migratorios y reiteró su dedicación a la protección de los derechos de las personas mexicanas en el extranjero. Asimismo, se comprometió a estar atento para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorar posibles apoyos a litigios estratégicos para salvar los derechos humanos de los migrantes.