Cuando uno hace un recuento del enorme desastre que el gobierno de Morena ha provocado en nuestro querido país, uno cree que estamos ante el desastre total, que no puede haber más destrucción. Tenemos violencia e inseguridad en todas partes, zonas importantes del territorio nacional en manos de los grupos del crimen organizado, despilfarro de recursos públicos en obras inútiles y mal construidas, casos de corrupción cercanos y no tan cercanos al presidente AMLO, uso cínico y descarado de recursos públicos para promover las candidaturas de Morena, una persistente violación de leyes diversas e incluso de la propia Constitución, y muchos más desastres provocados por el actual gobierno.
Sin embargo, la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) viene a demostrar que no solo la destrucción prosigue sino que estamos posiblemente ante uno de los mayores daños a la Nación.
En principio, el gobierno de AMLO ha justificado la desaparición de estos fideicomisos desde el argumento de la austeridad. A estas alturas del sexenio es difícil aceptar este argumento cuando la experiencia nos dice que la desaparición de otros fondos y fideicomisos en los últimos cinco años no sirvieron para aumentar la eficiencia del gasto, no aportaron menor corrupción ni disminuyeron el aparato gubernamental; sólo sirvieron para desviar recursos públicos y centralizar su manejo. En este caso tampoco es la “austeridad republicana” la que explica el artero golpe al PJF.
Como tampoco la extinción de los fideicomisos se debe a los supuestos privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ninguno de los fideicomisos eliminados por la Cámara de Diputados tiene como propósito cubrir las prestaciones de los ministros de la Corte. Los fideicomisos cubren prestaciones y compromisos laborales del grueso de los trabajadores del PJF que se calcula en 53 mil 160, de acuerdo a la información del INEGI.
El único argumento que explica la extinción de estos fideicomisos del PJF es el de un claro atentado a uno de los pilares en que se sustenta la democracia de nuestra República y que pone en riesgo la división de poderes asentada en nuestra Constitución. Los seguidores de AMLO no se detienen a reflexionar sobre este artero golpe al poder judicial, se contentan con repetir lo que escuchan en las mañaneras sobre los supuestos excesos y privilegios de la SCJN. Como muchos otros temas, los ataques de AMLO al PJF se fundamentan en descaradas mentiras.
Claramente se trata de anular el poder judicial y minar su credibilidad ante los acontecimientos que cierran el sexenio morenista. Destaquemos dos.
El primero es la urgencia gubernamental por evadir la revisión de la SCJN del desorden en el ejercicio de los presupuestos de las obras del AIFA, Dos Bocas y Tren Maya, así como las erráticas decisiones en las gestiones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) que comprometen enormes cantidades de recursos públicos y sin ninguna transparencia en su manejo.
En segundo lugar, por si fuera poco contar con todo el poder del Estado y el manejo de los programas sociales que compran la voluntad popular, el gobierno quiere anular el poder judicial para que no tenga intervención alguna en la elección tan cerrada que esperamos el próximo año.
Los próximos meses seguirán siendo cruciales. La sociedad civil organizada y la ciudadanía libre de nuestro país tendrán que seguir movilizando todas sus capacidades para defender el último reducto de nuestra democracia. Recordemos que ha sido, precisamente, el poder judicial quien no se ha plegado a los caprichos del poder ejecutivo. Fue su intervención la que impidió que la ministra Jazmín Esquivel -la ministra plagiaria- llegara a presidir la SCJN, ha tipificado el feminicidio, defendido la presunción de inocencia, ha ampliado el espectro de los derechos humanos y ha revisado todas las anomalías de las reformas aprobadas al vapor por el poder legislativo. Sin duda, el poder judicial es el último refugio democrático de México, urge defenderlo por todas las vías y echar abajo todas las mentiras en que se basa su ataque.
