El panorama de investigaciones en curso contra Donald Trump es intrincado, semejante a una telaraña compleja: hay investigaciones tanto de índole penal como civil, y el propio exmandatario ha presentado contrademandas. Sin embargo, según un experto en derecho constitucional, esta situación no le impide a él, ni a cualquier individuo en una posición similar, ser candidato a la presidencia e incluso asumir el cargo si resultara elegido.
Donald Trump se encuentra bajo el escrutinio de diversas entidades gubernamentales en los Estados Unidos, incluyendo el gobierno federal, diferentes estados y ciudades. Específicamente, Trump enfrenta un juicio civil por fraude en Nueva York, en el que están involucrados él, sus hijos mayores, sus empresas y ejecutivos de la Organización Trump. Trump niega cualquier mala conducta en todos los asuntos en los que está siendo investigado, los cuales abarcan aspectos personales, políticos y financieros.
Entre todas las investigaciones que abordan posibles conductas indebidas de Trump, dos se destacan por estar relacionadas con su desempeño como presidente:
- El papel de Trump en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de manifestantes trató de evitar la certificación de los votos del Colegio Electoral que confirmaban la presidencia de Joe Biden.
- El manejo de información clasificada por parte de Trump, incluyendo una investigación en la que el FBI registró su residencia en Mar-a-Lago en busca de documentos que pudiera haber retirado ilegalmente de la Casa Blanca.
Además de las investigaciones judiciales, el ataque al Capitolio del 6 de enero está siendo analizado por una comisión especial de la Cámara de Representantes, que recientemente citó a Trump para prestar testimonio.
Las principales áreas de investigación y juicios relacionados con Trump incluyen:
1. Elección de 2020: El fiscal del condado de Fulton, Georgia, está investigando los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones en ese estado, con pruebas clave que incluyen una grabación de audio en la que Trump insta a funcionarios de Georgia a “encontrar” votos para ayudarlo a ganar.
2. Seguridad nacional: El Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron órdenes de allanamiento en la residencia de Mar-a-Lago para recuperar documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. Estos documentos incluyen información clasificada y se relacionan con posibles violaciones de la Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia.
3. Finanzas de Trump: El fiscal de Manhattan investigó si Trump y la Organización Trump engañaron a prestamistas y autoridades fiscales sobre su patrimonio. El ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de fraude fiscal en un caso que involucra a la organización y sus líderes. Además, la fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda civil contra Trump y sus hijos, acusándolos de inflar el valor de sus activos para obtener préstamos favorables.
4. Demandas individuales pendientes: Trump enfrenta demandas por parte de la Policía del Capitolio, la Policía de Washington, E. Jean Carroll (por difamación), su sobrina Mary (relacionada con un acuerdo familiar), su exabogado Michael Cohen (por represalias) y el exfuncionario del FBI Peter Strzok. Además, Trump demandó al Departamento de Justicia de EE. UU. por la investigación de Rusia, aunque esta demanda fue desestimada.
En cuanto a si estas cuestiones legales podrían impedir que Trump sea candidato a la presidencia o presidente nuevamente, el experto en derecho constitucional señala que, en resumen, la respuesta es no. La Constitución de los Estados Unidos establece tres requisitos para ser presidente, ninguno de los cuales se refiere a condenas o acusaciones penales. Por lo tanto, teóricamente, una persona podría aspirar a la presidencia incluso si enfrenta cargos legales. Sin embargo, este principio nunca se ha puesto a prueba, y cualquier posible limitación sería un tema para la Corte Suprema de los Estados Unidos. La discusión sobre posibles restricciones a la candidatura de Trump se ha centrado en un estatuto de 1978 que prohíbe que las personas condenadas por robar documentos de Seguridad Nacional ocupen cargos en el Gobierno federal, pero esta legislación podría ser declarada inconstitucional.
