Cincuenta años después del golpe de Estado en Chile, el país está implementando un plan de búsqueda para localizar a los desaparecidos de la época de la dictadura de Pinochet. Durante ese régimen, 1469 personas fueron desaparecidas, pero hasta la fecha solo se han encontrado e identificado 307 de ellas.
La historia de Fernando Ortíz, secuestrado y desaparecido en 1976, ejemplifica la larga lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos. Tras décadas de incertidumbre, su familia finalmente recibió cinco fragmentos de hueso en una caja en 2012.
Ortíz fue uno de los miles que desaparecieron durante el régimen de Pinochet entre 1973 y 1990. Bajo el régimen de Pinochet, el centro clandestino Simón Bolívar, dirigido por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue el destino de muchos detenidos, incluido Ortíz. Sin embargo, nadie salió con vida de este centro, y el destino de los detenidos permaneció en silencio durante décadas.
En vísperas del 50 aniversario del golpe de Estado, el gobierno de Chile, encabezado por Gabriel Boric, lanzó un plan nacional de búsqueda para encontrar a los desaparecidos restantes. Este es el primer intento del gobierno chileno por encontrar a los desaparecidos desde el final del régimen de Pinochet. Anteriormente, esta búsqueda había recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, especialmente en mujeres que protestaron y llevaron sus casos a los tribunales.
La iniciativa busca centralizar y digitalizar los archivos judiciales y otros documentos dispersos en diversas instituciones gubernamentales y organizaciones de derechos humanos. También se utilizará un software especial para cruzar información y se financiará la exploración de lugares donde puedan estar enterradas las víctimas.
Este plan es parte de un esfuerzo más amplio por buscar justicia para los desaparecidos y las víctimas de abusos durante la dictadura. El proceso ha sido largo y doloroso, ya que durante años el sistema judicial estuvo paralizado por una ley de amnistía que impidió procesar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Esta ley se dejó de utilizar en el año 2000, y desde entonces se han dictado cientos de sentencias y se han identificado sitios de entierro a través de casos judiciales.
A pesar de los esfuerzos del gobierno y de los familiares, la búsqueda e identificación de las víctimas sigue siendo un proceso complejo y arduo. La mayoría de los restos descubiertos son fragmentos de huesos y ropa. Muchos cuerpos fueron desaparecidos deliberadamente por el régimen.
El proyecto liderado por Boric ha comenzado, pero aún hay desafíos, como obtener información de las fuerzas armadas y los militares condenados. A pesar de las dificultades, las familias siguen luchando por la justicia y la verdad en medio de una historia de dolor y desapariciones traumáticas.
