El miércoles, una jueza federal emitió un veredicto declarando a Rudolph Giuliani culpable de difamación contra dos trabajadoras electorales de Georgia que habían presentado una demanda alegando que habían sido falsamente acusadas de fraude. Esta sentencia se produce en ausencia del exalcalde de Nueva York y ordena que pague decenas de miles de dólares en honorarios de abogados.
La jueza federal Beryl Howell dictaminó que esta penalización era necesaria debido a la falta de cooperación de Giuliani en la entrega de información solicitada por las trabajadoras electorales Ruby Freeman y su hija Wandrea’ ArShaye Moss como parte de su demanda.
La demanda, presentada en diciembre de 2021, acusaba a Giuliani, uno de los abogados de Donald Trump y confidente del expresidente republicano, de difamar a las demandantes al afirmar falsamente que habían cometido fraude mientras contaban votos en el State Farm Arena de Atlanta. En un comunicado emitido el miércoles, las mujeres expresaron que habían enfrentado una “pesadilla viviente” y una “ola de odio y amenazas” debido a los comentarios de Giuliani.
Las mujeres declararon: “Nada puede recuperar lo que perdimos, pero la sentencia de hoy es otro veredicto imparcial que ha confirmado lo que sabíamos desde el principio: que nunca hubo veracidad en ninguna de las acusaciones en nuestra contra y que no hicimos nada incorrecto. Fuimos difamadas por motivos puramente políticos, y aquellos responsables pueden y deben ser responsables ante la justicia”.
Esta sentencia aumenta el riesgo legal para Giuliani, especialmente en un momento en que él y Trump se encuentran entre los 19 acusados imputados este mes en un caso de chantaje relacionado con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Además, existe la posibilidad de que se le imponga una sanción financiera significativa a Giuliani, ya que el caso avanza hacia un juicio federal en Washington para determinar los daños por los cuales podría ser responsable.
Giuliani tendrá una “última oportunidad” para proporcionar la información solicitada, lo que se conoce legalmente como una “proposición de prueba”, o enfrentará sanciones adicionales si no cumple con esta exigencia. Mientras tanto, según la jueza Howell, Giuliani y sus empresas deberán pagar más de 130 mil dólares en honorarios legales.