Los ingenieros de la problemática central nuclear de Fukushima han iniciado el proceso de vertido de agua residual tratada en el océano Pacífico el jueves (24.08.2023), en una operación respaldada por el gobierno japonés pero que ha suscitado preocupación y controversia, especialmente por parte de China. La decisión de verter más de 500 piscinas olímpicas de agua tratada en el Pacífico ha sido considerada un paso crucial para salvaguardar la seguridad de la central, que aún permanece peligrosa doce años después de uno de los peores desastres nucleares de la historia.
A pesar de las afirmaciones del gobierno japonés de que la operación es segura, organizaciones como Greenpeace han expresado preocupaciones sobre la eficacia del proceso de tratamiento del agua. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, por otro lado, respalda la decisión de Japón.
La descarga de agua tratada es una medida necesaria para liberar espacio en los depósitos que contienen más de 1,3 millones de metros cúbicos de agua contaminada acumulada desde el desastre de 2011. El agua ha sido sometida a un tratamiento para eliminar los radioisótopos, excepto el tritio, un isótopo considerado inofensivo en niveles bajos.
Sin embargo, no todos están convencidos de la seguridad de esta operación. Greenpeace sostiene que el proceso de tratamiento del agua tiene defectos, mientras que China y Rusia han expresado preocupación por la posibilidad de que el agua tratada se evapore y llegue a la atmósfera.
China ha reaccionado enérgicamente ante esta decisión, acusando a Japón de tratar al océano Pacífico como un vertedero. Previamente al inicio del vertido, China prohibió la importación de alimentos desde 10 de las 47 prefecturas japonesas y estableció controles de radiación en el resto. Hong Kong y Macao, dos territorios semiautónomos chinos, tomaron medidas similares esta semana en respuesta a la situación.
