En una medida que profundiza la tensión entre el gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica, Nicaragua ha anulado la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús, confiscando así todos sus activos, incluyendo bienes y propiedades. Esta decisión se produce una semana después de que el gobierno ya hubiera confiscado una universidad vinculada a la orden jesuita, acusándola de estar involucrada en actividades “terroristas”.
La cancelación de la personalidad jurídica de la orden jesuita se llevó a cabo mediante una resolución emitida por el Ministerio de Gobernación, que argumentó que la Compañía de Jesús estaba incumpliendo sus obligaciones. Según la resolución, la orden no presentó informes financieros entre 2020 y 2022 ni proporcionó detalles sobre sus ingresos y gastos. Además, se mencionó que su junta directiva había expirado en marzo de 2020.
La relación entre el presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica ha sido tensa durante mucho tiempo, y varios religiosos han enfrentado acusaciones en los tribunales o se les ha instado a abandonar el país. La resolución emitida por el Ministerio de Gobernación sostiene que los incumplimientos de la ley por parte de la Compañía de Jesús dificultan el control y la supervisión por parte de las autoridades.
La resolución también acusa a la orden religiosa de no promover políticas de transparencia en la gestión y control de la asociación, así como de no permitir la revisión de estas políticas por parte de las autoridades.
Esta acción sigue a la confiscación de bienes y fondos de la Universidad Centroamericana (UCA) la semana pasada, en la que un tribunal de Managua acusó a la institución de ser un “centro de terrorismo”. La Compañía de Jesús también operaba varios colegios y escuelas gratuitas o de bajo costo en Nicaragua, y los bienes y activos de la orden ahora pasarán a manos del Estado, de acuerdo con la ley 1115 que regula el funcionamiento de las asociaciones en el país.
