En un giro impactante, el Gobierno de Nicaragua ha tomado posesión de la residencia que albergaba a los sacerdotes encargados de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita de renombre. Esta acción se enmarca en el contexto del cierre de la UCA, uno de los institutos educativos privados más prestigiosos de Nicaragua.
La Policía nicaragüense llevó a cabo la confiscación de la residencia denominada Villa Carmen en Managua, donde residían los sacerdotes vinculados a la UCA. Esta universidad había sido clausurada por las autoridades judiciales nicaragüenses, que están bajo la influencia del gobierno liderado por los sandinistas.
Las fuerzas policiales del régimen de Daniel Ortega, acompañadas por funcionarios del Poder Judicial, ingresaron a la residencia exigiendo que los jesuitas abandonaran la propiedad. Argumentaron que la residencia pertenecía al gobierno, a pesar de que los jesuitas presentaron documentos que demostraban que la propiedad no estaba vinculada a la universidad. Sin embargo, las autoridades no aceptaron la documentación y ordenaron el desalojo de los sacerdotes.
La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) informó que los sacerdotes finalmente abandonaron la residencia y se dirigieron a la Comunidad de San Ignacio en Managua, donde fueron recibidos con seguridad.
La CPAL emitió un comunicado donde condena la acción como parte de un patrón destinado a reprimir voces que defienden la verdad, la justicia y los derechos humanos en Nicaragua. La confiscación de la residencia sacerdotal se da en el contexto del cierre de la UCA, una institución educativa altamente reconocida en el país.
El Gobierno nicaragüense publicó en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación que cancela la personalidad jurídica de la UCA, otorgada en 1960, y ordena el decomiso de sus activos. La Justicia nicaragüense, en respuesta a acusaciones del Ministerio Público, decidió transferir los activos y cuentas bancarias de la UCA al Estado de Nicaragua, alegando que la universidad estaba involucrada en actividades terroristas.
La UCA negó los cargos infundados de las autoridades y confirmó su decisión de suspender actividades académicas y administrativas en respuesta al oficio oficial. El gobierno también tomó medidas como congelar cuentas bancarias y inmovilizar propiedades de la UCA, acentuando las tensiones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica en Nicaragua.
