El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien gobernó el país desde 2009 hasta 2014, recibió una sentencia este martes de 10 años y 6 meses de cárcel, así como una multa de más de US$19,2 millones. La condena se dio debido a su responsabilidad, junto con otras cuatro personas, en el delito de blanqueo de capitales, en un caso conocido como “New Business”. Este caso está relacionado con la compra de un grupo editorial, la cual, según el Ministerio Público, fue realizada con fondos provenientes de contratos con el Estado que se manejaban de manera irregular.
La jueza Baloísa Marquínez, a cargo del Órgano Judicial, dictó la sentencia y ordenó que Martinelli pague la multa de US$19.221.600,48 al Tesoro Nacional de Panamá como pena accesoria, dentro de un plazo de 12 meses, una vez que cumpla la pena principal. La pena principal equivale al doble del beneficio económico que se asegura que recibió y que ha sido debidamente cuantificado.
Cabe mencionar que Ricardo Martinelli es actualmente candidato presidencial para las próximas elecciones generales de Panamá, previstas para mayo de 2024. A lo largo del proceso, él siempre ha afirmado ser inocente y víctima de persecución política.
El caso “New Business” comenzó a ser investigado en 2017 por la Fiscalía panameña, y se pudo identificar que la adquisición de acciones de Editora Panamá América, un grupo editorial que publica diarios y revistas, se llevó a cabo mediante un complejo esquema con la intervención de personas jurídicas y naturales. Supuestamente, estas maniobras de estratificación financiera involucraron múltiples transacciones nacionales e internacionales, con las cuales se recolectaron cerca de US$44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore a nombre de New Business Services Limited.
Hasta el momento, no se han obtenido comentarios de su vocero, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado. Sin embargo, Camacho adelantó a través de sus redes sociales que los abogados y copartidarios analizarán lo que él considera un “exabrupto jurídico” y que emitirán un pronunciamiento sobre las acciones políticas y jurídicas a seguir en las próximas horas. Además, hizo hincapié en que se trata de una transacción privada que no involucra lesión patrimonial al Estado, según lo indicado por el Tribunal de Cuentas y la Contraloría.