Abriendo Brecha
Pocas veces se observan acciones de parte de los legisladores que repercutan en beneficio de la población. Una de ellas tiene que ver con la iniciativa que presentó el diputado Fernando Arteaga Aponte sobre la regulación de las tarifas de agua potable, de manera accesible y asequible en la entidad veracruzana.
El propósito de la iniciativa es que el prestador de servicios instale un medidor con la idea que el pago sea proporcional con lo que se gasta del líquido y que las tarifas en lo general sean más económicas.
Aunque en el texto en general no se dicen tales términos es evidente que se pretende que haya mejores tarifas para los usuarios y que en el caso de los prestadores, que por ejemplo aplican en Veracruz y Boca del Río – cuyo servicio está en manos privadas a cargo de MAS y CAB- ellos harían la propuesta económica accesible
En el supuesto que no haya una respuesta, entonces el Congreso estaría facultado para fijar las tarifas para el agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de las instalaciones a más tardar en el mes de diciembre.
De ahí, entonces, que cobra mucha relevancia esta iniciativa porque la entidad oficial tiene que tener una mayor participación, sobre todo en materia de regulación de los servicios.
Quien lleva a efecto este decreto de la Ley 21 de Aguas es el diputado Fernando Arteaga, quien es un político de gran experiencia y ha tenido la sensibilidad para abordar esta situación que es de extrema importancia.
Por otra parte, quien esto escribe, ha preguntado a funcionarios del agua potable de Boca del Rio quiénes son los inversores, los empresarios que están detrás de esta empresa privada. Desde luego, CAB es una empresa española, pero que debe tener a inversionistas locales.
Es una especie de secreto bien guardado, pero que no debe esconderse la identidad de las personas que están detrás de esta empresa.
En otra reflexión, las privatizaciones no constituyen ninguna panacea y, normalmente, operan en contra de los intereses de la ciudadanía. Hemos observado muchos casos y el 99 por ciento han sido proyectos fallidos, donde solamente hay beneficios para los que detentan las empresas.
Y, también, no hay reguladores que los controlen para que no hagan acciones que atenten contra la economía de la población.
Cuando se privatizó Telmex, en obsequio de Carlos Salinas, años después dijo, se podría decir cínicamente, que Telmex no fue regulado por el gobierno y por eso es que llegó a brindar un servicio con un costo muy elevado, aunque en los últimos años ha mejorado sus tarifas.
Aunque Slim no es una mala persona, lógicamente que esta concesión del gobierno hacia un particular, le significó convertirlo en el hombre más rico del mundo a principios del siglo XXI.
Y las otras concesiones otorgadas por el gobierno de Carlos Salinas, convirtió a hombres de empresas con grandes recursos económicos, lo que ahora son multimillonarios, en medio de un país subdesarrollado y con más del 50 por ciento de su población en pobreza extrema.
Toda esta narrativa es la que está íntimamente ligada con el sistema neoliberal, donde unas cuantas personas detentan los grandes capitales y. en cambio, el pueblo paga el resultado del empobrecimiento. Son políticas en donde el bienestar de la población queda en último lugar.
Políticas en donde se vendieron los recursos públicos: agua, electricidad, petróleo, en detrimento de esta gran nación. Ahora, es el gran reto para revertir toda esta problemática que ha dañado la estructura del país.
Cierta ocasión, le pregunté sobre el tema del petróleo al Ing. Jorge Díaz Serrano, considerado el mejor director de la paraestatal, quien expresó que hay que vender petróleo, no vender la empresa.
Quien llegó a hacer esta acción, en tiempos de Peña Nieto, no puede considerarse más que una traición al país. La Constitución del 17 ya lo había determinado plenamente de mantener los recursos naturales en posesión de la nación y que fue, precisamente en 1938, cuando el Gral. Lázaro Cárdenas tomó la decisión de llevar a cabo la expropiación petrolera.
En el caso Veracruz y Boca del Rio, jamás debió entregarse la concesión a particulares y se ve que la historia no ha servido de nada para evitar este tipo de acciones que solo perjudican a la población y, sí en cambio, promueven el lucro y enriquecimiento de unos cuantos vivales.
Históricamente, ya está plenamente demostrado que el municipio y el Estado, en su momento, han sido eficaces en la prestación de estos servicios. Pero cuando llegan malos gobernantes, ellos mismos impulsan malas prácticas para justificar tales privatizaciones.
Y hasta la próxima.
