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Se busca fiscal

Por Alfredo Bielma Villanueva

Con lo sucedido a Luis Fernando Bravo y a Jorge Winckler, ambos ex fiscales en la entidad veracruzana, se está demostrando que desempeñarse en esa función ya resulta ser una actividad de alto riesgo. Esta inferencia se acompaña con las peripecias por las cuales atraviesan estas personas que en sus respectivos momentos manejaron los resortes de la ley, lamentablemente en no pocos casos obligados por los designios dictados desde el poder político. Las consecuencias de ese inestable proceder están a la vista, y son nada envidiables, por cierto. Desde esa perspectiva, tal y como se advierten los hechos, en materia de procuración de justicia ya no está resultando atractivo el cargo de fiscal del ramo, pues en la ejecución de sus funciones irremediablemente con alguien se quedará mal, porque, como todo mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, cuando llegue el momento de demostrarlo el afectado no quedará agradecido con su ejecutor, aunque por los vericuetos del proceso legal sea posible revertir el caso. Hay una explicación para ese contexto, encuentra su fundamento en la endeble consistencia de una institución de procuración de justicia nominalmente autónoma pero incapaz de resistir los efluvios provenientes del poder político, dando como resultado una fiscalía atada y sometida a los intereses de quien manda, incluso al margen de una estricta aplicación de la ley. Tal acontece en México, y como la suerte del principal la corre lo accesorio tal fenómeno se extiende a las entidades federativas, donde cada gobernador truena sus chicharrones. Ante esa circunstancia, una Fiscalía y su titular son semejantes a las hojas sometidas al viento que sopla desde el poder político. ¿Y por qué no renuncia un fiscal así comprometido? Es la pregunta de rigurosa lógica, cuya respuesta corresponde expresarla al sujeto a cuyo encargo está la comisión de impartir justicia. Porque cuando esta se reparte a diestra y siniestra entonces pasa lo que sucede. Y he allí las consecuencias. Con esos truenos ¿quién quiere ser fiscal “autónomo”?