De acuerdo a nuestra Constitución y las leyes que de ella derivan, la principal tarea del Congreso consiste en legislar para crear normas jurídicas que garanticen el Estado de Derecho y sirva de contrapeso a las facultades del Poder Ejecutivo. Su naturaleza es representar y defender los intereses de la población.
De acuerdo a nuestra Constitución y las leyes que de ella derivan, la principal tarea del Congreso consiste en legislar para crear normas jurídicas que garanticen el Estado de Derecho y sirva de contrapeso a las facultades del Poder Ejecutivo. Su naturaleza es representar y defender los intereses de la población.
Por su parte, el Poder judicial está obligado impartir justicia para proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir sus derechos y responsabilidad. Los jueces deben resolver con base en la ley y en hechos probados.
Es deber de la Fiscalía del Estado la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y garantizar la paz con justicia.
Por último, la policía debe preservar el orden y la paz públicos, con estricto apego a los derechos humanos, así como salvaguardar la integridad, los derechos de las personas y su patrimonio.
Este artículo no pretende dar una clase de Derecho. Es un recordatorio de lo que han dejado de hacer los tres poderes del Estado, así como las instituciones de seguridad y procuración y administración de justicia en Veracruz.
En un estado donde todo está al revés -salvo contadas excepciones en algunos integrantes-, el Congreso legisla para complacer los caprichos del Ejecutivo y atentar contra las libertades de los ciudadanos, los jueces actúan por consigna fuera de la ley y sin pruebas que sustenten sus decisiones, la Fiscalía fabrica delitos, no los esclarece; y la policía violenta los derechos humanos, lastimando la integridad y seguridad de quienes son incómodos al gobierno.
Esta es la razón por la que un grupo de ciudadanos, entre ellos, de manera destacada licenciados, maestros y doctores en derecho, integrantes de Colegios y Barras de abogados, familiares de víctimas acusadas de ultrajes a la autoridad y figuras públicas de las más diversas corrientes políticas decidimos iniciar el Movimiento por la Justicia, con el propósito de defender nuestro derecho a vivir libres y sin miedo.
Este movimiento tiene como antecedente a la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz creada por el Senado de la República, atendiendo los casos que han sido documentados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La desaparición de la Comisión en el Senado no obedeció a la supuesta ilegalidad de su creación; menos aún a la falta de elementos para proceder a la desaparición de poderes en el estado de Veracruz.
Su desaparición fue resultado de la complicidad concertada entre el ejecutivo federal y la mayoría de Morena en el Senado, para encubrir a un gobierno autoritario -surgido de sus mismas siglas-, que ha mandado a la cárcel a cientos de ciudadanos que identifica como sus adversarios y que, ante la imposibilidad de investigar y probarles la comisión de delito alguno, simplemente los fabricó.
Los mil 33 casos reconocidos por la propia Fiscalía del Estado ante el Congreso del Estado son una contundente prueba de los reiterados actos de abuso de autoridad del gobierno cuatroteísta de la entidad veracruzana.
Por ello, el Movimiento por la Justicia, en una primera etapa, dará seguimiento y acompañará la defensa de 90 casos documentados de abuso de poder por las autoridades veracruzanas. Nuestra meta es que ningún otro ciudadano sea llevado injustamente a prisión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya emitió una recomendación al gobierno de Veracruz para derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Pero hasta ahora no lo han hecho.
El sábado pasado, un representativo grupo de veracruzanos y de figuras nacionales -Brian LeBaron y Patricia Mercado entre otras-, nos trasladamos a la cárcel de Pacho Viejo para entregar formalmente al equipo legal el primer paquete de noventa casos documentados de veracruzanos ultrajados por las autoridades veracruzanas.
Estar en las puertas de este penal me retrotrajo a mediados de los noventa, cuando, durante trece meses, visité a mi querido amigo Dante, quien hoy nos convoca a luchar por la libertad de quienes, como él fue injusta e ilegalmente privado de su libertad.
Sabemos que vamos a enfrentar toda la fuerza del Estado. A un Congreso ignorante y cómplice, a un Poder Judicial sumiso y obediente; y a una Fiscalía del Estado al servicio de los más oscuros intereses de un gobierno autoritario y represor.
Es tiempo de poner un freno a la represión y persecución. Es momento de devolver a Veracruz la paz y la justicia. Defendamos el derecho a vivir libres y sin miedo.
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