El martes 9 de noviembre el presidente López Obrador tiene programado en su discurso en las Naciones Unidas, ONU, hablar sobre la corrupción. Abordar ese tema puede tener resultados desfavorables para su persona, pues en sus primeros tres años de gobierno hay la percepción de un incremento en la corrupción. Hay varias denuncias públicas de periodistas e institutos de investigaciones que señalan una corrupción creciente y un alto grado de impunidad y opacidad, en las compras del gobierno.
Según datos de la asociación MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN, en 2018 el 35% del total gastado por el gobierno federal se realizó por adjudicación directa y en 2020 el 43%. La adjudicación directa no implica necesariamente más corrupción, pero sí aumenta el riesgo y reduce la transparencia para comparar precios y calidad.
Según cifras del Instituto Mexicano para la competitividad, IMCO, “Entre 2018 y 2020 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas… por falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley… y 66% de las instituciones de salud empeoraron en el índice de Riesgo de Corrupción”.
La periodista e investigadora Sandra Romandía, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, denunció que en una investigación detectaron compras irregulares por 37 millones en las oficinas de la Presidencia: trianguladas a prestanombres, personas físicas con domicilios falsos o a trabajadores sin capacidad de ser contratistas y sin oficinas.
Casi el 80% de los contratos del actual sexenio, que representan el 43% del total gastado en 2020, los realizaron por adjudicación directa. Ese porcentaje es récord desde que se registran esos datos.
Un Presidente no debe hablar de la corrupción en un foro como la ONU cuando en su gobierno no se reduce, pues lo hace altamente vulnerable ante la crítica. Le adjudicarán el dicho de “candil de la calle y obscuridad de su casa”.
Ojalá cambie de tema y no toque el mal de la corrupción, que junto con una impunidad de más del 90% entre los funcionarios públicos es alta en su gobierno. Con la agravante que la mayoría de los acusados de corrupción son de gobiernos anteriores, críticos o adversarios políticos, lo que implica una politización del combate a la corrupción.