Prosa aprisa
En 2010, el entonces diputado local del PRI, Gonzalo Guízar Valladares, aspiraba a ser candidato tricolor a la alcaldía de Coatzacoalcos. Cuando supo que se pretendía imponer a Marcos Theurel Cotero, sin decir agua va a la dirigencia de su partido y al gobernador Fidel Herrera Beltrán, el domingo 28 de marzo de aquel año apareció sorpresivamente con la camiseta azul en un acto masivo en aquel puerto acompañado del entonces neopanista y precandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares y ahí rindió protesta como candidato del PAN ante el dirigente nacional César Nava Vázquez.
Enchilado, en venganza, Fidel ordenó entonces que de inmediato lo desalojaran del cubículo que ocupaba en el edificio del Congreso, en el área en la que estaban los demás diputados priistas. Le sacaron todas sus pertenencias y se las dejaron amontonadas en el piso de uno de los pasillos, en donde las encontró cuando regresó a la capital del estado.
Desde entonces no había tenido lugar otra acción similar hasta ayer cuando, en teoría, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, ordenó que, como se dice en lenguaje popular, de uso común, pusieran de patitas en la calle a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, a quien en forma arbitraria le sacaron todas sus cosas al estacionamiento del edificio del Poder Judicial, lo que marcó una nueva mancha negra en la historia y en la vida de ese órgano colegiado, otrora prestigioso y respetado.
El hecho constituye un eslabón más de una cadena de actos escandalosos, vergonzosos y condenables, ocurridos en apenas menos de dos años, a partir de que en diciembre de 2019 nombraron como presidenta del Tribunal a la magistrada Sofía Martínez Huerta, a quien hicieron magistrada al vapor, ya que no tenía mayores méritos, y en apenas mes y medio en que había sido investida como togada la convirtieron en titular del Poder Judicial. Diez meses después la destituyeron, la denostaron, la acusaron de corrupción, la condenaron a juicio político, la inhabilitaron y la amenazaron con llevarla a prisión.
En su momento ella acusó públicamente que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, la había citado a su despacho para solicitarle su renuncia, a lo que se negó, y dijo que entonces la amenazó, así como a su familia. En octubre del año pasado, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, dijo que su remoción obedecía presumiblemente a que querían desaparecer “algunos documentos… por los cuales la administración anterior pudiera ser responsable de actos ilícitos”.
En el caso del retiro forzoso a que sometieron a la magistrada Castañeda Palmeros, la gota que derramó el vaso fue una crítica a la presidenta del Tribunal, Romero Cruz, luego de que “convencieron” a la mayoría de los magistrados a que se bajaran el sueldo y todas sus prestaciones en forma “voluntaria”, aunque ella y tres compañeras suyas más se negaron a hacerlo. Pero seguramente lo que no le perdonaron en el Palacio de Gobierno fue que el pasado día 10, durante un panel que organizaron TeleClic.tv y alcalorpolitico.com denunció un desfalco millonario en el Poder Judicial.
Dijo que con los recortes a sus sueldos pretendían desviar la atención pública “del desfalco irreparable en el Poder Judicial. Se comenta que mediante el Fideicomiso 108839, el Poder Judicial llevaba inversiones a plazos fijos en una cuenta bancaria en HSBC con la finalidad de incrementar el Patrimonio del Fondo Auxiliar y se reportaron rendimientos entre 4 a 6 millones de pesos en cada vencimiento. Se dice que los administradores retiraron esos recursos y los desaparecieron”.
En esa fecha anunció que iba a iniciar un proceso de renuncia al cargo ante la Comisión Instructora de Pensiones Complementarias y Haber de Retiro, porque le daba “pena ajena decir que soy magistrada, porque el Poder Judicial está abarrotado de personas arribistas e improvisadas, sin capacidad, solo dos o tres excepciones, pero los demás no saben nada”. Dijo que le daba “vergüenza decir ‘soy magistrada’ tomando en consideración toda la serie de personas neófitas que han designado”.
El lunes sorpresivamente se le notificó que le sería aplicado el retiro forzoso, no obstante que la protege una determinación del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que ya cumplió 70 años de edad. Con uso y abuso de poder, ayer la echaron con todo y sus cosas, acción que otra magistrada, Concepción Flores Saviaga, calificó de ilegal y contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y afirmó que no había respeto por el Estado de derecho.
En la historia del Tribunal Superior de Justicia nunca se habían visto actos como los de ahora ni había habido tantos señalamientos por parte de los propios magistrados, como tampoco se habían cometido actos internos arbitrarios contrarios a la ley y menos había sido tan abierto el manoseo que desde el Palacio de Gobierno y del Congreso local han hecho con un poder que gozó de prestigio y fue referente a nivel nacional. Lo preocupante es que se supone que el Tribunal es el encargado y responsable de impartir justicia a los veracruzanos, pero nada bueno se puede esperar cuando se ven actos como los de ayer y se sabe de adentro mismo que la presidenta del Poder Judicial está reducida a la condición de una empleada más a las órdenes y al servicio del Ejecutivo, por lo que baila al son que le toquen, algo que resulta verdaderamente lastimoso y vergonzoso.
El PRI, con Covid ¡e intubado!
Vaya, qué diagnóstico más preciso sobre el PRI dio ayer el titular de Comunicación Social en el gobierno de Ernesto Zedillo, Fernando Lerdo de Tejada. En un programa de Carlos Alazraki, en el que participaron funcionarios y militantes del tricolor, dijo que el exinvencible “tiene Covid y está intubado”.
Comentó lo que es cierto: que el PAN es el ente percibido como la oposición a Morena y no el PRI. “Por más que nos diga el CEN que nos fue muy bien… los resultados están ahí… perdimos todas las gubernaturas que gobernábamos, no ganamos ninguna en las demás… entonces yo sí creo que el PRI necesita una cirujía mayor. El PRI tiene Covid y está intubado. O toma aire o va a desaparecer el siguiente año, o el siguiente”.
Preparémonos para la llegada del huracán
La población de la costa de Veracruz tiene ya mucha experiencia ante la llegada de huracanes, pero siempre requiere del apoyo del gobierno para sortear mejor el embate de los fenómenos meteorológicos.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, entre la noche del viernes y la media noche del sábado nos pegará el huracán Grace, lo cual va a provocar lluvias de intensas a torrenciales. El pronóstico indica que impactará en el centro-norte del estado, lo que debe predisponernos a esperar situaciones de emergencia, lo mismo por inundaciones en ciudades que por corte de caminos, deslaves de cerros y montañas, apagones y muchas otras afectaciones.
Seguramente tanto el gobierno federal como el estatal estarán atentos y preparados para actuar, pero siempre debe alistarse uno para ir en auxilio de quienes lo necesiten y no reciban ayuda oficial a tiempo o la necesaria. En el caso de Xalapa son cada vez más recurrentes las inundaciones y ojalá quienes viven en las partes bajas se preparen de la mejor manera para evitar los menos daños posibles.
Pero el mismo puerto de Veracruz se convierte en gran parte en una Venecia y otras ciudades acusan fragilidad o exposición a daños. Preparémonos y deseemos que todo pase rápido.
