Andorra es uno de los países más pequeños en el mundo. Tiene tan sólo 467 kilómetros cuadrados, se encuentra entre Francia y España y su población no rebasa los 77 mil habitantes. En ese lugar, conocido ahora como paraíso fiscal, el periódico español El País detonó una historia más de corrupción, tan común en México, al grado de llamarlo “el agujero negro del PRI”.
La denuncia tiene que ver con un depósito por 10 millones de dólares, hace 10 años, que hizo Sylvana Beltrones, hija de Manlio Favio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y exgobernador del Estado de Sonora. Pero sobre todo, figura emblemática, con lo que tal golpe mediático será de funestas consecuencias para su partido político.
El PRI, a estas alturas ya no tiene nada de capital político, sus reservas están sumamente mermadas al grado que tiene que depender de partidos políticos que, ni en los sueños más enloquecidos, se hubiese pensado en una alianza en las próximas elecciones.
Es un escándalo de grandes proporciones que se suma a varios capítulos de una narrativa que no tiene fin y cuyo común denominador ha sido la corrupción llevada hasta su más elevado nivel. A nadie sorprende todas estas denuncias, pero sí abonan para sepultar a un sistema que durante varias décadas se enquistó y que llegó a su máxima expresión en el gobierno próximo anterior.
NO ES ESCUCHADO
A pesar que el discurso político de los gobiernos ha sido siempre sobre la importancia de sus ciudadanos, la realidad que éstos nunca han sido tomados en cuenta. Aunque se trata de un hecho constitucional, el pueblo siempre ha sido relegado al último término.
Así dice la transcripción del artículo 39 constitucional:
“La soberanía nacional residencial esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Sin embargo, podría decirse que se trata de letra muerta, porque con mucha frecuencia es el pueblo el ente más ignorado. Las iniciativas, propuestas y acciones son realizadas desde el gobierno en turno, donde el ciudadano casi no tiene la oportunidad de manifestarse a favor o en contra.
Se habla de consultas en determinadas decisiones, pero finalmente se termina en ignorar la participación de las comunidades. Con frecuencia se llevan a efecto proyectos que se constituyen en destrucción del medio ambiente y hábitat y cuando hay voces inconformes, sencillamente no se les toma en cuenta.
En el puerto de Veracruz se siguen viviendo diversas manifestaciones en contra de instancias privadas prestadoras del servicio del agua y la indiferencia que muestran las autoridades es brutal. Movimiento Renovador Democrático, que encabeza Marco Antonio Moncayo Parra y el Movimiento Civil Independiente (MOCI), de Oliver Olmos, chocan ante la barrera de la arrogancia gubernamental.
Son muchos meses de lucha y no se observa ninguna respuesta. No sólo se han pronunciado contra MAS, que es del grupo Odebrecht. Sí, esa empresa especializada en sobornos en toda América Latina y que ha llevado a la detención de expresidentes en Perú.
Es evidente que teniendo ese origen tan deshonesto, lógicamente los resultados tienen que ser en ese mismo sentido. Hablaron de inversiones que desde luego no han realizado, pero sí enfrentan la acusación que las tarifas son sumamente elevadas a cambio de un pésimo servicio.
Es el mismo caso de la compañía de Agua de Boca del Río, CAB, que se distingue por el pésimo servicio, además de la prepotencia con la que se manejan los representantes de la empresa. Algo muy turbio se esconde detrás de este negocio que debería ser cristalino. Y, porque además, los recursos naturales de la nación jamás deberían ser administrados por un particular y menos por un extranjero.
Se necesita una respuesta puntual y urgente de parte del gobierno del Estado, como lo hemos subrayado en anteriores colaboraciones. No hacerlo, se presta también a una especie de complicidad. Y menos de un gobierno que debería estar alineado con las mejores causas del pueblo y evitar que compañías extranjeras vengan administrar los recursos naturales de la nación.
Por lo tanto, urge revocación del contrato para ambas compañías.
Y hasta la próxima.
