La ley al servicio de una ideología

El pasado 11 de marzo de 2021, los obispos de México, a través de su comunicado
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN, expresaron su preocupación por los diversos
proyectos de reforma constitucional y legal que en México se están operando desde
el Poder Legislativo. Estos proyectos de ley han ido avanzando con la anuencia de
diputados de todas las fracciones legislativas.
No obstante que la situación que vive el País es desoladora por “la enfermedad y
muerte a causa de la pandemia por COVID-19 y el escaso índice de vacunación; la
crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social;
el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vida y dinamita el
crecimiento de las regiones; así como el rezago educativo que enfrentan las niñas,
niños, y jóvenes”, se están llevando a cabo reformas que atentan contra la vida, la
familia y las libertades fundamentales.
En su comunicado, los Obispos de México denuncian lo siguiente: “Hemos
conocido, en las últimas semanas, diversas iniciativas legislativas que parecen no
atender, ni entender, la gravedad de la situación. Impulsando agendas ideológicas
que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una
fundamentación mucho más sólida, basada en la inalienable dignidad de toda
persona; por el contrario, han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en
el Congreso, sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso.
Con gran preocupación advertimos que, en una situación como la presente, se
pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias, que
abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del
derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar
peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas
en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos
más”.
Un ejemplo de estas modificaciones es la reciente legalización de la marihuana.
Una cosa es el uso terapéutico de esta droga y otra, el uso lúdico de la misma. Se
han escuchado algunos discursos encantadores justificando que la legalización
disminuirá la violencia; se dice incluso que el gobierno debe asumir el control de
esta droga y no la delincuencia. Se argumenta también que es incluso un derecho
fundamental para el libre desarrollo de la personalidad.
Este tipo de estrategias no resuelven los problemas de fondo de nuestro país. La
legalización de la Marihuana no garantiza de ningún modo que bajará la violencia.
Las causas de la violencia son multifactoriales, no se debe sólo a la prohibición de
la marihuana. Legalizar el uso lúdico de esta droga atenta contra la ética pública
pues supone la degradación de valores, se permite lo que daña la salud de la
población y va contra el bien común y la justicia.
La marihuana siempre será toxica. Con esta legalización se está empujando al país
a un enorme problema del cual no se dice cómo se saldrá. Alentar para que la
gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la
salud y el sentido de su existencia, no contribuye en nada a mejorar la sociedad;
con este permisivismo sólo se promueve el deterioro físico, mental y espiritual de
las personas y de la sociedad.
Otro grave asunto es el proyecto de reforma del Artículo 29 de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público donde se busca imponer a las Iglesias
una ley mordaza, para que eviten exponer con libertad sus principios doctrinales.
Con ese proyecto de ley se pasa por encima del Derecho humano a la Libertad de
Creencia.
Y qué decir del gran peligro que representa la Ley General de Población,
aprobada además por todos los partidos de oposición, en un acto de traición a la
población, el 3 de diciembre de 2020; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Con estas leyes se abrirían las puertas al aborto libre, a la perdida de la patria
potestad, a la imposición de la ideología de Género en las escuelas y a la
legalización de las bodas gay; se condenaría además a los médicos objetores de
conciencia y empezaría una persecución contra quienes no quieran adaptarse “al
pensamiento único”; peligrarían todas las instituciones, organizaciones y grupos
que supuestamente ejerzan la “violencia simbólica”.
Observamos con preocupación cómo se quiere imponer el marxismo cultural y se
quiere destruir a las instituciones que sostienen y dan sentido a nuestra sociedad.
Como dicen también los obispos: “a nadie conviene tener a un México dividido y
fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y
bien fundamentado”. Es más importante trabajar por la unidad nacional pues nadie
se salva solo.
Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director
Oficina Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa