Si el tránsito vehicular de Xalapa ya es un dolor de cabeza cotidiano, con calles saturadas, automovilistas avanzando a vuelta de rueda y accidentes que complican todavía más la circulación, ahora hay que agregarle la temporada de manifestaciones.
Las hay de todo tipo: políticas, sindicales, laborales y de grupos que buscan hacer visibles sus demandas o demostrar su capacidad de movilización. Todas tienen algo en común: cuando bloquean las principales calles del centro, miles de xalapeños terminan pagando las consecuencias.
La mañana de este miércoles, el primer cuadro de la capital veracruzana volvió a convertirse en un verdadero laberinto para quienes necesitaban circular por la zona, debido a la manifestación de trabajadores del Seguro Social.
El problema no es que la gente proteste. En una sociedad democrática, manifestarse es un derecho que debe respetarse. Los trabajadores tienen derecho a exigir mejores condiciones laborales, los ciudadanos a reclamar servicios y las organizaciones a hacer públicas sus demandas.
La pregunta es otra: ¿por qué esas expresiones tienen que traducirse necesariamente en la paralización de calles y avenidas?
Quien debe llegar a su trabajo, recoger a sus hijos en la escuela, acudir a una consulta médica o realizar un trámite no siempre tiene la posibilidad de esperar indefinidamente a que termine una protesta.
Y el asunto se complica cuando, además del bloqueo en la calle de Enríquez, frente a Palacio de Gobierno, se colocan barreras en las vialidades circundantes. En lugar de ofrecer rutas alternas que permitan mantener cierto flujo vehicular, los cierres pueden terminar extendiendo el congestionamiento a otras calles del centro.
La ciudadanía merece saber quién toma esas decisiones y con qué criterios se determina el cierre de cada vialidad. ¿Existe una estrategia para reducir las afectaciones o simplemente se colocan barreras y se deja que los automovilistas busquen cómo salir del embrollo?
Una alternativa razonable sería que las autoridades establecieran, mediante diálogo y acuerdos previos, espacios para las concentraciones, como la Plaza Lerdo, procurando mantener libres los carriles de circulación y garantizar el acceso peatonal. Cuando las circunstancias exijan cierres, deberían anunciarse oportunamente, acompañarse de rutas alternas y limitarse a lo estrictamente necesario.
Escuchar a los manifestantes no tiene por qué significar abandonar a los demás ciudadanos a su suerte. El derecho a protestar y el derecho al libre tránsito deben conciliarse con medidas de organización, no enfrentarse como si uno tuviera que anular al otro.
Y hay motivos para anticipar que el desafío podría crecer conforme se intensifique la actividad política y comiencen las movilizaciones de quienes aspiren a una candidatura. Si cada grupo decide medir su fuerza llevando contingentes al centro de Xalapa, la ciudad necesitará algo más que paciencia: requerirá planeación y autoridad para ordenar la circulación.
Porque una capital no puede funcionar si cada manifestación se convierte en un bloqueo generalizado y cada automovilista queda atrapado sin saber por dónde avanzar.
Y como dice Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño:
“¡Esto todavía se va a poner peor! Cuando lleguen los aspirantes con sus contingentes para presumir músculo político, a ver si no terminamos llegando a pie, porque en Xalapa hasta para avanzar una cuadra hay que hacer campaña… ¡pero por el derecho a circular!”