El Congreso de Veracruz aprobó el retiro del fuero constitucional a los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con lo que ambos podrán ser investigados y, en su caso, procesados penalmente por la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con información de Infobae, la decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada, en la que los diputados locales avalaron el desafuero de ambos presidentes municipales al considerar procedente que continúen las investigaciones ministeriales en su contra.
En el caso de Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, la Fiscalía lo investiga por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López Torres, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 14 de mayo.
El dictamen para retirar la inmunidad procesal del edil fue aprobado con 40 votos a favor y ocho en contra. Durante el desarrollo de la sesión se reportó la presencia de vehículos de la Fiscalía General del Estado en las inmediaciones del Congreso, aunque el alcalde abandonó el recinto antes de concluir la votación y no fue detenido.
Con la pérdida del fuero, la Fiscalía podrá solicitar ante un juez las medidas judiciales que considere procedentes, incluida una eventual orden de aprehensión, siempre que existan los elementos legales suficientes. Las autoridades legislativas precisaron que el desafuero no constituye una declaración de culpabilidad, sino que elimina la protección constitucional que impedía ejercer acción penal mientras el funcionario permanecía en el cargo.
Tras la resolución, se prevé que Pedro de Jesús Rosado Guzmán asuma la presidencia municipal de Úrsulo Galván de manera provisional, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones administrativas del ayuntamiento.
Los abogados de Bravo Montero informaron que preparan una estrategia jurídica para impugnar la decisión mediante un juicio de amparo, con el propósito de evitar una eventual orden de aprehensión mientras avanza el proceso legal.
En la misma sesión, el Congreso de Veracruz aprobó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es investigado por su presunta participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.
Las autoridades estatales señalaron que por ese caso ya existen ocho personas detenidas y que las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de todos los involucrados. Se prevé que Juliana Ruiz Martínez asuma la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Movimiento Ciudadano, partido al que pertenecen ambos alcaldes, calificó los procedimientos como una presunta persecución política impulsada por el Gobierno de Veracruz y Morena. La dirigencia anunció respaldo jurídico para los dos funcionarios y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para dar seguimiento al desarrollo de los procesos y verificar el respeto al debido proceso.
