CAMALEÓN

Hace algunas décadas jamás hubiéramos imaginado la precaria institucionalidad imperante en México, reformas constitucionales, desaparición de órganos autónomos, elección por voto popular de jueces y magistrados, etiquetados como productos del acordeón, la grave penetración de la delincuencia organizada en los ámbitos policial y político, han impactado en la estructura gubernamental y en escenario social con la furia de un ventarrón. El Estado de Derecho ha sido severamente dañado, se refleja en el descrédito de las acciones gubernamentales. Si se detiene a un político y empresario de renombre inmediatamente brotan los cuestionamientos haciendo ver esa acción como producto de una estrategia política para dañar a los adversarios en la oposición. Si en la legislatura veracruzana se abre un proceso para desaforar a ciertos alcaldes acusados por delitos graves se califica a ese procedimiento como artimaña política para menguar la fuerza política opositora. Es manifiesta la desconfianza existente en la interlocución entre sociedad y gobierno.

Al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, está sujeto a una investigación por la Fiscalía estatal señalado por su presunta intervención en la desaparición de Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López. Según la Fiscalía sus investigaciones la conducen a señalar a Bravo Montero como presunto culpable de ese delito. Esa acción punitiva de inmediato fue protestada por el partido donde milita el alcalde, imputando motivaciones políticas. Pero no solo el alcalde de Úrsulo Galván es objeto de investigaciones judiciales, también está sujeto a juicio de procedencia por el Congreso local el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl Gomzález Martínez, acusado por la FGE de ser autor intelectual de la muerte de la periodista Roxana Guzmán, de igual manera su partido se queja de persecución política. Por supuesto, la Fiscalía debe demostrar fehacientemente la culpabilidad de ambos personajes, quienes, en caso de que el Congreso vote por su desafuero permanecerán en calidad de inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Grave asunto, sin duda, porque los personajes bajo sospecha desempeñan cargos públicos de importancia, forman parte de la estructura gubernamental veracruzana en el nivel municipal y si a esa condición se agregan los varios casos de agentes policiales vinculados al crimen organizado, ya es posible imaginar el dramático escenario social en el que vivimos.