La autoridad fiscal ha decidido dar un paso firme para cerrar el cerco al dinero de procedencia dudosa que circula a través de los bienes raíces en nuestro país. A partir de las disposiciones vigentes en este 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurece la supervisión sobre los dueños de propiedades que generan ingresos elevados por concepto de alquiler. Esta medida coloca al arrendamiento inmobiliario bajo una lupa mucho más estricta, obligando a ciertos propietarios a transparentar sus operaciones mediante obligaciones fiscales sumamente rigurosas, entre ellas, la inscripción obligatoria a un registro específico diseñado para detectar y frenar de raíz los delitos financieros.
El límite de ingresos y la regla de acumulación
Para tranquilidad del mercado general, esta regla no persigue a quienes rentan una vivienda modesta, sino que apunta directamente a los grandes flujos de capital. La normativa establece que las personas físicas y morales quedan obligadas a registrarse en el padrón de actividades vulnerables cuando el monto de sus rentas sobrepase las mil 605 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales. Para este año 2026, dicha cifra equivale exactamente a 188 mil 282.55 pesos al mes.
Quienes crucen este umbral no solo deben empadronarse, sino que están obligados a emitir un aviso formal al SAT por cada contrato que supere la cantidad mencionada.
Un detalle crucial que la autoridad fiscal ha dejado en claro es la naturaleza acumulativa de este cálculo. Es decir, el SAT no evaluará los contratos de forma aislada. Si un contribuyente es dueño de diversas bodegas, oficinas, locales comerciales o departamentos, y la suma total de las rentas mensuales de todas esas propiedades en conjunto rebasa el límite monetario, automáticamente deberá cumplir con el trámite. La regla abarca absolutamente cualquier tipo de inmueble, sin excepciones.