Expresión Ciudadana

Durante años, la bursatilización de los municipios veracruzanos ha sido uno de esos temas que pocas veces ocupa los titulares, pero que ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad financiera de los ayuntamientos. 

Se trata de una deuda heredada que nació con la promesa de impulsar obras y desarrollo, pero que terminó convirtiéndose en una pesada carga para varias generaciones de administraciones municipales.

La reciente propuesta de la gobernadora Rocío Nahle para liquidar anticipadamente la deuda bursátil de 199 municipios ha sido presentada como una solución histórica. Sobre el papel, parece una buena noticia. 

El gobierno estatal plantea cubrir una parte importante del adeudo y liberar a los ayuntamientos de un compromiso financiero que se extendería hasta 2036. 

Sin embargo, cuando se revisan los detalles, surgen preguntas que merecen respuestas antes de lanzar las campanas al vuelo. Para entender la dimensión del asunto hay que regresar al origen. 

La bursatilización municipal fue autorizada en 2008. En aquel momento se presentó como un mecanismo moderno para obtener recursos inmediatos mediante el respaldo de las participaciones federales futuras. 

La lógica era sencilla: recibir dinero hoy a cambio de comprometer ingresos de mañana.

Los municipios recibieron recursos extraordinarios que supuestamente servirían para impulsar obras y acelerar el desarrollo local. 

Sin embargo, dieciocho años después, Veracruz sigue arrastrando rezagos históricos en caminos, agua potable, drenaje, seguridad e infraestructura urbana. 

La pregunta es inevitable: si se comprometieron ingresos públicos durante casi dos décadas, ¿dónde quedaron los beneficios de aquella operación? ¿Qué municipios transformaron realmente su realidad gracias a esos recursos y cuáles simplemente agotaron el dinero sin generar cambios duraderos? La falta de una evaluación integral sobre el destino y los resultados de esos fondos es una de las grandes deudas de la bursatilización.

Lo que sí puede medirse con claridad es el costo financiero que siguieron pagando los ayuntamientos mucho tiempo después de que el dinero original desapareciera de sus cuentas.

El problema principal fue que buena parte de esos compromisos quedaron ligados a las UDIS, una unidad de inversión que se actualiza con la inflación. Conforme los años avanzaron, los montos a pagar crecieron de manera considerable. Los municipios siguieron cubriendo obligaciones, pero la deuda parecía reducirse muy lentamente.

Es el tipo de mecanismo financiero que suele beneficiar más a quienes diseñan los instrumentos que a quienes terminan pagándolos. La bursatilización no sólo generó una deuda de largo plazo; también abrió la puerta al cobro de comisiones, honorarios y servicios financieros para bancos, fiduciarios, calificadoras de riesgo, despachos jurídicos y asesores especializados que participaron en la operación. Todos cobraron por estructurar, colocar y administrar los certificados bursátiles. Los municipios recibieron el dinero una sola vez; los intermediarios cobraron desde el primer día; y los ciudadanos terminaron pagando durante casi veinte años mediante la retención de recursos que pudieron haberse destinado a obra pública, seguridad o servicios básicos.

De acuerdo con la información presentada por el propio gobierno estatal, los municipios involucrados han pagado alrededor de 2 mil 725 millones de pesos desde que inició el esquema. Sin embargo, todavía existe un saldo pendiente superior a los mil 267 millones de pesos. 

Dicho de otra manera: ya se ha pagado más del doble del monto originalmente contratado y aun así la deuda no ha desaparecido. 

Esa sola cifra explica por qué existe consenso en que el modelo financiero fue profundamente desventajoso para los municipios.

Desde esa perspectiva, la intención de liquidar anticipadamente el compromiso tiene lógica. 

Si efectivamente se logra eliminar una obligación que todavía tendría vigencia por otra década, los municipios podrían recuperar margen presupuestal para atender necesidades urgentes. 

Hablamos de caminos, drenajes, agua potable, alumbrado público, seguridad y una larga lista de carencias que existen prácticamente en todo Veracruz.

La propuesta establece que el gobierno estatal absorbería una parte importante del saldo pendiente y también el costo derivado de la liquidación anticipada. Los municipios, por su parte, cubrirían una fracción mediante descuentos futuros a sus participaciones. 

El planteamiento ha sido presentado como una especie de rescate financiero que permitiría cerrar un capítulo que comenzó hace casi veinte años. Sin embargo, durante el debate legislativo surgió una interrogante que hasta ahora no ha sido respondida con total claridad. 

Si el Gobierno del Estado pretende liquidar de manera anticipada una deuda cuyo costo ronda los mil 500 millones de pesos, los veracruzanos tienen derecho a conocer de dónde saldrán esos recursos.

El cuestionamiento no es menor. 

Quienes respaldan la medida argumentan que resulta más conveniente pagar ahora que seguir arrastrando durante una década más una deuda que, entre intereses, actualizaciones y comisiones, ya ha costado varias veces el monto originalmente contratado. 

De acuerdo con los datos expuestos en el Congreso, los municipios recibieron alrededor de mil 200 millones de pesos cuando se estructuró la bursatilización en 2008 y, después de casi veinte años de pagos, ya se ha cubierto más de dos veces esa cantidad. 

A este ritmo, para cuando el esquema concluyera en 2036, el costo total podría acercarse a cuatro veces el monto originalmente recibido.

Precisamente por ello resulta indispensable transparentar la fuente de financiamiento del rescate. 

Porque una cosa es cancelar una deuda onerosa que ha castigado durante años las finanzas municipales y otra muy distinta sustituirla por un nuevo compromiso financiero para el estado. 

La pregunta sigue sobre la mesa: ¿existen recursos suficientes dentro de las finanzas estatales para absorber esta operación o eventualmente será necesario recurrir a un nuevo endeudamiento?

Hasta ahora, esa duda no ha sido despejada completamente.

Hasta ahí, el discurso parece razonable. El problema surge cuando se analizan las condiciones que acompañan la iniciativa. Porque una cosa es ayudar a los municipios a salir de una deuda histórica y otra muy distinta es aprovechar esa circunstancia para incrementar el control político sobre los recursos municipales.

La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero se pagará o cuánto se ahorrará. También debe enfocarse en quién administrará los recursos liberados, quién vigilará su aplicación y qué facultades tendrá el gobierno estatal sobre los ayuntamientos una vez que el esquema entre en operación.

Diversos observadores han señalado que la iniciativa contempla mecanismos mediante los cuales la Secretaría de Finanzas podría supervisar el destino de los recursos que se liberen como consecuencia de la liquidación de la deuda. En teoría, el objetivo es garantizar que el dinero se utilice para beneficio de la población. 

En la práctica, esa supervisión podría convertirse en una herramienta de presión sobre los municipios.

La autonomía municipal no es un capricho administrativo. Está reconocida en la Constitución precisamente para evitar que los gobiernos estatales utilicen los recursos públicos como instrumentos de control político. Los alcaldes son responsables ante sus ciudadanos y sus cabildos, no ante el gobernador en turno.

Por eso resulta indispensable conocer con precisión cuáles serán los alcances reales de las facultades que tendría la administración estatal. 

¿Se tratará de una supervisión técnica y transparente o de una facultad discrecional que permita premiar a unos municipios y castigar a otros?

Otro punto que merece atención son los recursos acumulados dentro del fideicomiso que durante años administró los pagos de la bursatilización. 

Si esos recursos provienen de retenciones realizadas a los propios municipios, entonces resulta indispensable conocer exactamente cuánto dinero existe, cómo será distribuido y bajo qué criterios.

La transparencia debe ser absoluta. No basta con anunciar que la deuda será liquidada. 

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los montos exactos correspondientes a cada municipio, el ahorro estimado, las condiciones de pago y los beneficios concretos que obtendrán sus comunidades.

También sería importante conocer qué municipios resultarán más beneficiados y cuáles tendrán mayores compromisos futuros. No todos participaron de la misma manera ni recibieron cantidades idénticas. Por lo tanto, los efectos de la medida tampoco serán iguales para todos.

Existe además un elemento político imposible de ignorar. La iniciativa surge en un momento en el que Veracruz se encamina hacia una nueva etapa de definiciones electorales y administrativas. Cuando el manejo de recursos públicos se mezcla con la política, siempre existe el riesgo de que las decisiones financieras terminen subordinadas a intereses distintos a los de la ciudadanía.

La historia reciente de México está llena de programas, fondos y mecanismos que comenzaron con buenas intenciones y terminaron utilizándose para construir estructuras de control político. 

Precisamente por eso cualquier esquema que implique una mayor participación del Ejecutivo estatal sobre los recursos municipales debe analizarse con lupa.

No se trata de oponerse automáticamente a la propuesta. Sería absurdo defender una deuda que durante años ha drenado recursos de los municipios veracruzanos. 

Si existe una oportunidad real de liberar a los ayuntamientos de una carga financiera excesiva, esa posibilidad merece ser considerada seriamente.

Pero tampoco se trata de aceptar sin cuestionamientos un proyecto que todavía tiene aspectos poco claros. La experiencia demuestra que los detalles son los que terminan definiendo el éxito o el fracaso de este tipo de medidas.

Lo verdaderamente importante será observar la letra pequeña. Ahí es donde se determinará si estamos frente a una auténtica solución financiera o ante una nueva forma de centralización administrativa y política.

Los municipios necesitan más capacidad de decisión, no menos. Necesitan recursos suficientes para atender sus problemas cotidianos, no nuevos mecanismos que condicionen su actuación.

Si el gobierno estatal realmente busca corregir un error financiero heredado de hace casi dos décadas, entonces debe hacerlo bajo principios de absoluta transparencia, respeto a la autonomía municipal y rendición de cuentas.

La liquidación de la deuda bursátil podría convertirse en una de las decisiones financieras más importantes para Veracruz en los últimos años. Pero también podría terminar siendo un precedente peligroso si se utiliza para ampliar el control político sobre los ayuntamientos.

La diferencia entre una cosa y otra dependerá de la información que se haga pública, de los mecanismos de vigilancia que se establezcan y de la voluntad real de respetar la autonomía de los municipios.

Los veracruzanos no necesitan discursos triunfalistas ni anuncios espectaculares. Necesitan certeza. Necesitan saber cuánto se debe, cuánto se pagará, cuánto se ahorrará, de dónde saldrá el dinero para hacerlo y quién administrará los recursos resultantes.

Porque después de casi veinte años de pagar una deuda que parecía interminable, los municipios merecen algo más que promesas. Merecen claridad.

Resolver una deuda histórica sería una buena noticia. Hacerlo generando otra sería simplemente cambiar de problema.

Y esa claridad será la única forma de saber si estamos frente al rescate financiero que Veracruz necesita o frente a otro capítulo de una larga historia donde las soluciones terminan generando nuevas dependencias.

El tiempo y los números serán los que tengan la última palabra. Pero antes de celebrar, conviene revisar cuidadosamente el contrato completo.

En Veracruz ya hemos visto demasiadas veces cómo los grandes anuncios terminan siendo mucho más pequeños cuando se conocen todos los detalles.