Expresión Ciudadana

Han pasado dos semanas desde que el norte de Veracruz se hundió bajo el agua. Poza Rica, Álamo, Tihuatlán e Ixhuatlán de Madero siguen intentando volver a respirar entre el lodo, la humedad y el olvido. Las aguas del Río Cazones y del Río Pantepec retrocedieron, pero dejaron atrás una estampa de destrucción que el gobierno intenta maquillar con cifras y conferencias. Las promesas de ayuda se multiplican, pero la realidad —como las calles cubiertas de fango— sigue inmóvil.

Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que regresa a Veracruz para supervisar los “avances en la limpieza y entrega de apoyos”. Su visita busca mostrar presencia, empatía, compromiso. Sin embargo, los testimonios que llegan desde los barrios más golpeados cuentan otra historia: la de miles de familias que aún esperan ser censadas, la de colonias que no han visto una pipa de agua potable y la de damnificados que viven entre paredes húmedas y techos colapsados.

El gobierno federal presume cifras: más de 53 mil 300 viviendas censadas, 124 mil 677 despensas entregadas y 88 mil 236 vacunas aplicadas. 

Además, tres mil 500 familias ya recibieron el primer pago de 20 mil pesos por afectaciones. Son números importantes, pero no suficientes. Porque detrás de cada cifra hay un rostro que todavía no recibe apoyo, un niño que duerme en el suelo, una madre que perdió su casa y no sabe a dónde ir.

La Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, desplegó un plan de atención que incluye apoyos de 25 mil, 40 mil y hasta 70 mil pesos según el nivel de daño, además de 50 mil pesos para locales comerciales y hasta 100 mil para productores agrícolas. En paralelo, se incorporaron jóvenes al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con un pago mensual de 8 mil 450 pesos para participar en las labores de limpieza. Son acciones que merecen reconocimiento, pero no eximen la falta de planeación ni la desigualdad en su ejecución.

En la Plaza Cívica 18 de Marzo, en Poza Rica, largas filas de damnificados esperan turno para ser censados. Algunos duermen sobre cartones, temerosos de que si se van, los excluyan del padrón. “Nos piden papeles que se fueron con el agua”, dice una mujer que perdió su casa en la colonia Morelos. Los burócratas toman notas, prometen regresar, y se van. El tiempo pasa, y con él se evapora la paciencia.

Mientras tanto, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional trabajan bajo el Plan DN-III-E. Limpian calles, retiran escombros, reparten víveres. Pero el esfuerzo militar no puede sustituir la falta de organización civil. 

En las colonias Petromex y Gaviotas, los vecinos denuncian que los camiones que recogen el lodo lo arrojan en otras calles, creando nuevas zonas de riesgo. A la tragedia del agua le sigue ahora el peligro sanitario: charcos pestilentes, animales muertos, moscas, larvas y enfermedades respiratorias.

La gobernadora Rocío Nahle García insiste en que la recuperación “avanza con fuerza”. Sus declaraciones contrastan con las imágenes de las redes sociales: familias que ironizan agradeciendo “los electrolits” que les enviaron “para el susto”. No se trata de burla, sino de cansancio. Veracruz no necesita promesas, sino resultados tangibles. La gobernadora ha sido incapaz de entender el dolor de su gente y la magnitud de lo que enfrentan los municipios del norte.

Porque esta tragedia no solo habla de un desastre natural. Habla de un desastre institucional, de una estructura de gobierno incapaz de prevenir, lenta para reaccionar y torpe para coordinar. Lo que dejó el río Cazones no fue solo lodo: fue la evidencia de que el sistema estatal de protección civil, la planeación urbana y la autoridad municipal fracasaron al mismo tiempo.

Las lluvias del 10 de octubre fueron devastadoras. Poza Rica y Álamo se convirtieron en ciudades flotantes. Familias enteras escaparon al techo de sus casas mientras el agua arrastraba muebles, autos y animales. 

El alcalde de Poza Rica, Fernando “El Pulpo” Remes, brilló por su ausencia. El mismo que prefirió gastar dinero público en su estatua, en lugar de invertir en obras de contención, dejó a su ciudad sumergida, sin defensa ni dirección.

Las alertas estaban ahí. Desde 2019, el municipio había advertido la necesidad de concluir el muro de contención del río Cazones. Nunca se terminó. El desastre no fue una sorpresa: fue una consecuencia anunciada. Y cuando el agua llegó, llegó también la ineficiencia, el caos y la descoordinación.

Dos semanas después, el paisaje sigue siendo de ruina. Las casas permanecen cubiertas de barro, las calles rotas, los drenajes colapsados. En algunos barrios, las pipas de agua cuestan mil 500 pesos, un lujo inalcanzable para familias que lo perdieron todo. Los apoyos de 20 mil pesos se evaporan en medicinas, limpieza y comida. La ayuda estatal se vuelve paliativo, no reconstrucción.

El gobierno presume avances: 124 mil despensas repartidas, 88 mil vacunas aplicadas, censos en curso. Pero detrás de esos números hay omisiones. 

Hay comunidades donde no ha llegado nada, donde el censo nunca pasó, donde las promesas no tienen rostro. En las zonas indígenas de Benito Juárez, Huayacocotla e Ilamatlán, las colectas ciudadanas son las que mantienen a la gente con vida.

Ahí entran los jóvenes voluntarios, los grupos culturales y las organizaciones civiles que han hecho lo que el Estado no ha podido. Brigada Camalla, Huastecos Unidos por un Progreso, Danza Xicome, Universidad IVES, la Escuela Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda, el grupo de notarios de la Ciudad de México y ciudadanos de la CDMX, a través de la gestión del Lic. Ignacio Morales Lechuga, otorgaron miles de apoyos a los damnificados. Son nombres que la historia oficial omitirá, pero que hoy representan la solidaridad real. Mientras los funcionarios se toman fotos con botas nuevas, ellos caminan en el barro junto a los damnificados.

Y si el agua trajo destrucción, también trajo contaminación. Pemex confirmó el derrame de hidrocarburo en el oleoducto Poza Rica–Madero, producto de los deslaves. Se instalaron barreras oleofílicas y se recuperaron 180 mil litros de crudo, pero el daño ambiental persiste. El olor a petróleo se mezcla con el del lodo podrido. Es el retrato de un desastre múltiple: natural, institucional y ecológico.

La presidenta Sheinbaum regresa a Veracruz con buenas intenciones, pero con una deuda de credibilidad. Supervisar “los avances” suena bien en un discurso, pero en las calles la gente pregunta: ¿avances de qué? Poza Rica sigue herida. 

Álamo sigue cubierto de fango. Las comunidades indígenas siguen invisibles. El Estado llega, sí, pero llega tarde, llega mal, llega a medias.

La reubicación de viviendas, una de las promesas centrales del plan federal, sigue siendo un misterio. Nadie sabe cuándo, cómo ni dónde.

Los terrenos no están definidos, el presupuesto no se transparenta y los damnificados viven con la angustia de tener que reconstruir sobre el mismo riesgo.

A todo esto se suma la crisis de salud. Los hospitales públicos saturados, las farmacias sin insumos, los voluntarios repartiendo ketoconazol, ibuprofeno y mycrodacyn. Veracruz enfrenta no solo una crisis de infraestructura, sino de humanidad: un Estado ausente que delega en la caridad lo que debería resolver con política pública.

El contraste con otros estados duele. En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca rehabilitó 188 caminos en menos de dos semanas. En Veracruz, las carreteras siguen cerradas, las escuelas sin clases y los niños jugando entre charcos de aguas negras. El norte del estado vive una emergencia prolongada que el discurso oficial se empeña en maquillar con cifras.

El gobierno ha entregado apoyos, sí. Pero también ha perdido la oportunidad de mostrar eficiencia y empatía. 

Porque reconstruir no es entregar dinero: es acompañar, escuchar, planear, coordinar y prever. Todo lo que el gobierno veracruzano no ha sabido hacer.

Dos semanas después, lo que queda no es solo destrucción. Es decepción. Es el eco del “ya merito” que tantas veces escuchó Veracruz en otras tragedias. 

Es la sensación de que los damnificados, una vez más, fueron usados para la foto y olvidados cuando las cámaras se apagaron.

Es justo reconocer que el gobierno federal inició la entrega de apoyos con rapidez administrativa. Pero también es justo señalar que el modelo de ayuda sigue siendo el mismo: centralizado, improvisado, sin seguimiento. La reconstrucción no puede ser un reparto de efectivo, sino una política integral con visión de futuro.

Rocío Nahle intenta mostrarse como una gobernadora activa, pero su imagen se desmorona en las calles llenas de barro. Su presencia se limita a videos, recorridos guiados y declaraciones vacías. Veracruz no necesita una gestora de discursos, necesita una jefa de gobierno capaz de enfrentar la tragedia con orden y liderazgo.

El pueblo veracruzano no pide milagros. Pide agua limpia, medicinas, calles transitables y viviendas seguras. 

Pide que la ayuda llegue sin filtros partidistas, sin condicionamientos, sin excusas. Pide que el gobierno deje de hablar y empiece a actuar.

Porque reconstruir Veracruz no es solo limpiar el lodo: es recuperar la confianza. Y esa confianza se gana con hechos, no con conferencias. Mientras tanto, las familias del norte siguen viviendo con miedo a la próxima tormenta.

El futuro inmediato dependerá de lo que el gobierno haga en las próximas semanas. Si convierte la emergencia en una oportunidad para reconstruir con planeación, o si la deja hundirse en la inercia del olvido. Hasta ahora, los hechos muestran más improvisación que estrategia.

Veracruz no se ahogó solo por la lluvia, sino por la negligencia. Y mientras no se asuma esa verdad, el norte del estado seguirá condenado a revivir su tragedia cada temporada de lluvias.