La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atendió este miércoles en su conferencia mañanera la entrada en vigor hoy del aumento a aranceles al acero y aluminio enviado a Estados Unidos, pasando del 25% al 50%.
El aumento se da luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, apuntara que aunque los gravámenes del 25% han facilitado “un sostenimiento crítico de los precios” en el mercado nacional, todavía no han permitido que estas industrias desarrollen y mantengan las tasas de utilización de la capacidad de producción que son necesarias para su fortaleza y las necesidades de defensa nacional.
Al respecto, la mandataria tachó nuevamente la medida de “injusta”, y aunque es generalizada a nivel global, destacó que en el caso de México lo es aún más, ya que los aranceles suelen aplicarse con países con los que hay déficit, y actualmente Estados Unidos exporta más aluminio y acero del que importan.
Además, destacó que “desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal porque hay un tratado comercial“, el T-MEC. Si bien recordó que la medida que grava estos materiales está sustentada en temas de “seguridad nacional de EU”, afirmó que no coincide con la realidad de la relación bilateral, luego de que la propia vocera de la Casa Blanca destacara como buena la colaboración entre ambos países.
“Es insostenible”, sentenció al enlistar los tres puntos claves de por qué no están de acuerdo con la medida.
Sobre acciones relevantes en respuesta al aumento, Sheinbaum Pardo informó que hoy a las 11 horas de la mañana sostendrá una reunión con las Cámaras de Acero y Aluminio, con quienes se revisará el tema tras descartar Estados Unidos los avances del acuerdo especial en el que se “había avanzado mucho”.
El viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Estados Unidos para reunirse con los secretarios de Tratados Comerciales y de Comercio de Estados Unidos, durante la cual se abordará el tema de cara a llegar a un acuerdo.
De no lograrse, la siguiente semana se estarían anunciando medidas de respuesta, la cuales tendrán por propósito “proteger” el empleo, la industria y disminuir las afectaciones que, con 50% de gravamen, pasarían de ser complicadas a graves.