Una mina terrestre explotó ayer en la comunidad de El Santuario, en los límites entre los municipios de Los Reyes, Cotija (Michoacán) y Jalisco, causando la muerte de seis militares y heridas a otros dos. Los elementos, pertenecientes a las Fuerzas Especiales de Reacción e Intervención (FERI) y al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMXDN), viajaban en un vehículo blindado durante un recorrido de vigilancia cuando se activó el explosivo, atribuido a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos aliados al Cártel de Tepeque, como Los Reyes.
Entre las víctimas se identificaron al segundo subinspector Giovanni Rosales Rosales y al subagente Jorge Alberto Cruz Vázquez. Los heridos fueron trasladados a un hospital, y las investigaciones quedaron a cargo de autoridades de Jalisco, sin intervención reportada de las autoridades michoacanas.
El uso de minas terrestres por parte de narcotraficantes en México, particularmente en Michoacán, es una táctica que ha emergido en los últimos años como una escalada en la violencia del crimen organizado. Esta estrategia, importada de conflictos bélicos y adaptada por los cárteles, busca controlar territorios, proteger cultivos ilícitos, intimidar a comunidades y dificultar operativos de las fuerzas de seguridad.
Desde al menos 2022, los cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Los Reyes, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa, han adoptado el uso de minas terrestres, aprendiendo técnicas de grupos colombianos como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Estas organizaciones criminales han compartido conocimientos sobre la fabricación y colocación de explosivos artesanales, incluyendo minas antipersonales y antivehículos, debido a alianzas en el trasiego de drogas.
Esta táctica se empieza a generalizar. La región de Tierra Caliente en Michoacán, que incluye municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Cotija y Coahuayana, es el principal epicentro de esta táctica. Otros estados como Jalisco y Tamaulipas también han reportado incidentes con minas terrestres. Según el investigador Víctor Sánchez Valdés, 17 municipios en México han registrado explosiones de estas minas, con Michoacán concentrando la mayoría de los casos.
Los cárteles usan fertilizantes agrícolas, pólvora de cohetes o gasolina, lo que hace las minas baratas y accesibles. Según Small Wars Journal, en 2022 se decomisaron 1,375 explosivos artesanales en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. Las minas se colocan en caminos rurales o plantíos para proteger cultivos ilícitos o emboscar a militares. En 2025, la Sedena desactivó 250 minas en Aguililla, mostrando su proliferación. Además de bajas militares (como las 6 en mayo de 2025), las minas afectan a civiles, como campesinos en Michoacán, y generan desplazamiento forzado.