La semana pasada sesionó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema fue dirimir lo relativo al conflicto entre el amparo dispuesto por tres jueces ordenando al INE a detener la organización de la reforma judicial, y el Tribunal Electoral Federal que desconoció la vigencia de esos amparos. En la referida sesión de la SCJN se presentó la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en cuya medula se destaca que priva una sensible subordinación del derecho a consideraciones de índole política. En la votación del Pleno no se alcanzó el numero de votos necesarios para detener el avance de la multicitada reforma por lo que ésta ya va en caballo de hacienda hacia la elección del 1 de junio próximo. La actitud de los magistrados se asemeja a la de quien ya da por hecho que es inútil seguir luchando por un Estado de Derecho en pleno declive en México y se desvanece cada día. Lo ejemplifica transparentemente la declaración de Fernández Noroña, presidente del senado, al asegurar que no harían caso si la determinación de la Corte se hubiera inclinado por la suspensión de la reforma judicial. La actitud derrotista o conformista de los magistrados se asemeja a lo que Gustavo Petro, presidente de Colombia, declaró después de ser vapuleado por su retadora actitud ante Trump, pues no fue secundado con el apoyo de otros mandatarios del continente, dijo: “¿entonces aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos (la cumbre de la Celac) y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad?”. Porque lo que se avecina para México es un Poder Judicial totalmente desfigurado, ya sin calidad de contrapeso entre otros poderes, con integrantes cuyo origen no será necesariamente la capacitación para el desempeño del cargo, sino producto de intereses muy sesgados.
Pero ¿de qué Estado de Derecho hablamos? Porque, por caso, en Chiapas en diferentes operativos se han detenido a decenas de policías acusados de colaborar con el crimen organizado: 92, en Comitán, el 16 de diciembre, 87 policías municipales, incluido su Director, en Chiapas de Corzo, el 31 de enero; y el 15 de febrero 98 supuestos policías municipales de Chiapas que no pudieron acreditar la función de policía a través de alguna credencial o documento (datos de Carlos Puig, de Milenio). En Tabasco, el gobernador acusa a su antecesor de haber designado a un líder de la delincuencia organizada en el cargo de Seguridad Pública y nada ocurre. En el recinto cameral del senado MORENA instala un modulo para afiliar militantes y excepto el PAN nadie más reclama ese hecho. Cuando eso y más ocurre para instalarse en la nueva “normalidad” indudablemente que el cambio imperceptible se va haciendo cada vez más notable. Bueno para algunos, para otros no tanto, si lo será para el país las generaciones venideras lo podrán comprobar.
