Cuando en una elección popular, democrática, la cosa pública se deja al puro arbitrio ciudadano idealmente pudiera ser calificada de ser un proceso genuinamente democrático, aunque históricamente se haya comprobado que no siempre el resultado es el deseado; sin embargo, incluso con esa añosa experiencia el fenómeno se viene repitiendo porque “el pueblo bueno y sabio” decide, y si se equivoca está capacitado para repetir la dosis. Tal sucede porque en democracias inacabadas no es el pueblo el que en realidad decide sino quienes lo manipulan y lo utilizan como instrumento para concretar sus propósitos. Un caso clásico lo observamos no hace mucho tiempo en Nayarit, precisamente en el municipio de San Blas donde Hilario Ramírez Villanueva mejor conocido como “Layin” siendo alcalde confesó que había robado, “pero poquito” porque en las arcas municipales no había mucho dinero. Pese a esa inverecunda declaración pasado un periodo “Layin” volvió a ser candidato y “el pueblo bueno y sabio” volvió a elegirlo su alcalde, pero como chango viejo no aprende maroma nueva este personaje volvió a las andadas y por bondades de nuestra democracia hasta ser candidato al gobierno de Nayarit. Cuando quien se desempeñaba como Fiscal de Nayarit fue encarcelado acusado de mantener vínculos con la delincuencia organizada se descubrió también la naturaleza política del tal “Layín”, quien también fue procesado. Esta aberración política es posible localizarla por doquier en este país, la impunidad, inseparable compañera de la corrupción así lo prohíja. Obviamente, para eso se requiere un contexto social cuya ciudadanía es políticamente inmadura, poco participativa en los asuntos públicos y desinteresada de los mismos, de allí que dejemos los asuntos de la cosa pública a merced de los políticos que no siendo observados y viendo el arca abierta se solazan sin escrúpulo alguno y con irreverente fruición.
En su comparecencia ante el Congreso local la titular del Orfis informó de contratos millonarios adjudicados a empresas fantasmas durante el gobierno de Cuitláhuac García, en una Cuenta Pública esos contratos suman 200 millones de pesos. La noticia ha servido para volver a poner en la picota pública a Cuitláhuac García y repetir con él el castigo aplicado a Girolamo Savonarola, es decir, quemarlo (figurativamente, por supuesto) en la hoguera pública. ¿Por qué, si “solo” son 200 millones de pesos, una cantidad que en tiempos de Duarte o de Fidel pudo habérsela llevado cualquiera de quienes fungieron como colaboradores inmediatos? Aclaramos, no es una defensa a ultranza de Cuitláhuac, sería intrépida osadía intentarlo, pero vale para dimensionar los hechos actuales. En verdad, fuimos testigos de los reportajes periodísticos que pusieron al descubierto la inexistencia de las empresas favorecidas con contratos millonarios, también supimos de la soberbia gubernamental con que se ignoró el señalamiento público, de allí que el registro del Orfis no sea noticia nueva, pero es destacable porque debe suponerse que apunta a la cresta de un Iceberg que en subsecuentes revisiones se pondrá al descubierto. Porque a Cuitláhuac aparte del desbarajuste que resultó su gestión pública se le reclama la ineptitud de su desempeño como gobernador, lo cual no es mucho decir. Si, “Layín” robo poquito porque poco había, nada comparable con el frondoso erario veracruzano.
